La Comisión Europea ha anunciado la apertura de un procedimiento de infracción contra España debido a que “los procesos de seguridad no cumplen los requisitos de la legislación de la Unión Europea sobre seguridad ferroviaria”. Esta decisión “prueba las responsabilidades políticas” en el descarrilamiento del tren Alvia 04155 en la curva de Angrois (Santiago de Compostela) en julio de 2013, causando 80 muertes, entre ellas las del joven segoviano Curro García Liras, según la plataforma que aglutina al mayor número de afectados y a la que pertenecen los padres de esta víctima segoviana.
Precisamente, Javier García Municio y Cristina Liras, con la dignidad que les caracteriza, hicieron de ‘tripas corazón’ para participar en el programa de televisión de la Sexta ‘Liarla Parda’, que se emitió hace ahora una semana, contando su historia y reclamando una vez más que se conozca toda la verdad sobre este siniestro ferroviario y responsables como los exministros de Fomento José Blanco y Ana Pastor, del PSOE y del PP, respectivamente, “den la cara” y asuman su responsabilidad.
El programa, que analiza todos los pasos dados por las instituciones y entidades implicadas desde el accidente hasta el momento actual, así como el trato en ocasiones denigrante que han recibido las víctimas, ha tenido una amplia repercusión también en Segovia.
En cuanto a la investigación de Bruselas, se basa en la Directiva 2004/49/CE, de seguridad ferroviaria, que “contempla los requisitos de seguridad del sistema ferroviario en su conjunto” y mantiene que “se han detectado deficiencias en la forma en que el organismo nacional de investigación analiza e investiga los accidentes e incidentes, así como en las técnicas de supervisión por parte de la autoridad nacional responsable de la seguridad”.
Se trata de un argumento que la plataforma de víctimas ha mantenido desde hace seis años y, de hecho, el origen de esta nueva intervención comunitaria está en las denuncias presentadas en Bruselas por este colectivo y por la eurodiputada del BNG Ana Miranda.
La auditoría realizada por la Agencia Ferroviaria Europea (ERA) entre 2017 y 2018 ha constatado una serie de deficiencias en el método de investigar accidentes y en las técnicas de supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria de España.
“La conclusión rápida es si la UE dice que España aún no cumple las normas de seguridad, en 2018, ¿cómo estaba la seguridad en 2013, cuando ocurrió el accidente?”, afirma García Municio.
Las víctimas esperan ahora que el actual ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que no ha contestado todavía a la petición para que les reciba, realizada en el mes de octubre, esperan que lo haga en breve “y ofrezca alguna salida para que se pueda realizar la investigación técnica del accidente”, que han reclamado la ERA y la Comisión.
Fomento
El Ministerio de Fomento ha difundido un comunicado de prensa en el que afirma que “el sistema ferroviario español es un sistema seguro y que, por tanto, no está puesto en duda por ningún organismo nacional o internacional”, al tiempo que recalca que “la mejora de la seguridad ha sido definida como línea estratégica prioritaria por el actual equipo ministerial y ha marcado desde el principio las actuaciones del Departamento en los distintos modos de transporte”.
Según Fomento, la Comisión Europea solicita al Gobierno español información acerca de los métodos de trabajo de los organismos públicos que se ocupan tanto de la inspección de los accidentes como de la supervisión ferroviaria, a raíz de la citada auditoría de la ERA que “ha planteado la necesidad de profundizar en algunos aspectos de la normativa actual que han presentado una especial complejidad en su implantación”.
