Los vertidos inadecuados a la red municipal de saneamiento (toallitas pañales, compresas, tampones, preservativos, bastoncillos y otros plásticos, textiles, etc.), así como los aceites y grasas alimenticias o industriales ocasionan importantes costes al Ayuntamiento y a las infraestructuras de tratamiento de aguas residuales.
La concejala de Obras, Servicios e Infraestructuras, Paloma Maroto, estima que ese coste ronda en torno a los 100.000 euros y otros 20.000 adicionales corresponden al pago por los servicios de una empresa especializada con la que se contrata para desatascar tuberías de la red general cuando los recursos municipales son insuficientes.
Maroto comenta que esos 100.000 euros son la cifra del coste total del material empleado por operarios municipales del servicio de mantenimiento de la Concejalía para dar solución a los problemas ocasionados por vertidos impropios en inodoros o sumideros, así como los ocasionados en las instalaciones de la EDAR, la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Segovia.
La edil se ha hecho eco también de las estimaciones realizadas por la Asociación Asociación Española de Abastecimiento de Aguas y Saneamiento (AEAS), que indican que en España este tipo de vertidos provocan pérdidas cercanas a los 200 millones de euros anuales, lo que supone un aumento total de los costes de gestión del ciclo integral del agua de entre un 4% y un 6% más. El porcentaje se eleva a un 18% en los gastos de mantenimiento de las depuradoras.
En la Unión Europea, EurEau (organización europea de empresas de abastecimiento y saneamiento) calcula que generan un gasto en limpieza, mantenimiento y averías de las instalaciones de entre 500 y 1.000 millones de euros al año en los 28 estados miembros.
Un dato llamativo es que el año pasado el Ayuntamiento de Segovia tuvo que solicitar en 75 ocasiones los servicios de una empresa privada especializada para poder desatascar tuberías, al generase averías provocadas por la presencia de plásticos, aceites o toallitas.
Según los datos que maneja la Concejalía, en los tres últimos años, el promedio/año de residuos de cribado (toallitas, preservativos, plásticos, telas, etc.) que llegan a la EDAR es de 233.630 kilos, mientras que el de grasas ronda los 2.000 kilos.
La concejala indica que un dato preocupante es que en el último año se ha producido un aumento de casi 1.000 kilos en las grasas recibidas en la depuradora.
La edil comenta que se han producido averías en la red de saneamiento en zonas de concentración de establecimientos de hostelería, porque la mezcla de aceites y detergente genera “bloques sólidos como el cemento, que atascan o limitan mucho la capacidad de las tuberías”.
Campaña de sensibilización
En cualquier caso asegura que también hay otros problemas en todas las zonas de la ciudad motivados por vertidos incorrectos por usuarios domésticos, lo que ha motivado que, en colaboración con la empresa concesionaria de la EDAR, se haya puesto en marcha desde ayer mismo una campaña de sensibilización para evitar estos vertidos inadecuados.
El coste de carteles y mupis —soportes publicitarios— que se están instalando en diferentes puntos de la ciudad corre a cargo de la citada empresa.
Con esta iniciativa, que lleva por lema ‘Úsalo con cabeza’, y ha sido presentada por la propia alcaldesa, Clara Luquero, junto a Maroto, los responsables municipales hacen un llamamiento a los ciudadanos en general, establecimientos hosteleros e industrias segovianas “para que sean conscientes de que todo aquello que se tira por los desagües e inodoros termina en la red municipal de alcantarillado y los residuos que se acumulan en las tuberías provocan atascos y malos olores que perjudican a todos.
Normativa
Paloma Maroto hace suya también la reclamación que en los últimos años se está realizando desde diferentes organismos europeos y colectivos medioambientales para mejorar la regulación del etiquetado de algunos productos de higiene, especialmente de las toallitas, porque aunque indiquen que son biodegradables y pueden echarse al inodoro “en realidad pueden tardar hasta años en descomponerse porque tienen plásticos y otros residuos”.
En el año 2016 se extendió a España una campaña internacional utilizando en el ámbito de la comunicación las siglas PPP, del inglés ‘Only flush Pee, Poo and Paper’ (que en una traducción libre y menos escatológica al español sería algo así como “al retrete solo se deben tirar orina, heces y papel higiénico”). En ese momento se utilizó como eslogan ‘Guerra al monstruo de las cloacas’, refiriéndose en concreto a las toallitas húmedas.
Al menos 77 empresas y entidades como la Asociación Vertidos Cero, Asociación Española de Basuras Marinas o la organización promotora en España, la citada AEAS, se adhirieron entonces a la campaña internacional.
Su principal caballo de batalla ha sido desde ese año que todas las toallitas y productos de higiene personal estén claramente etiquetados como “no tirar al inodoro” para desecharse en una papelera o en el cubo de la basura, una solución que también recomienda Maroto.
Las condiciones estándar a futuro para poder echar estos productos al inodoro serían: se fragmentan rápidamente, no flotan en el agua, no contienen plásticos o similares y sólo están compuestos por materiales que se degradan fácilmente en una variedad de entornos naturales.
Una ordenanza municipal regulará los vertidos de aguas residuales a la red de alcantarillado
El Gobierno municipal prepara una ordenanza para regular los vertidos de aguas residuales a la red de alcantarillado de Segovia, especialmente dirigida a las actividades industriales, hosteleras, etc. y que afectará también a los vertidos realizados en los municipios vecinos de La Lastrilla y San Cristóbal, ya que sus colectores están conectados a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Segovia.
Sin embargo, esta normativa municipal será de obligado cumplimiento para todos los usuarios, domésticos y no domésticos.
La concejala de Obras, Servicios e Infraestructuras, Paloma Maroto, ha informado de que el pasado lunes concluyó el periodo de consulta pública previa en la que los ciudadanos y empresas han podido realizar sugerencias y aportaciones a tener en cuenta en el articulado de la ordenanza sin que se haya producido ninguna propuesta.
Maroto, que aunque admite que la ordenanza incluirá un régimen sancionador, no ha querido adelantar —hasta que se apruebe por la corporación— la cuantía de las posibles multas, indicó que es muy posible que el documento se someta a votación en el pleno ordinario del mes de febrero.
Después tendrá que pasar un periodo de información pública en el que se podrán presentar alegaciones y, en el caso de recibirlas, se pueden resolver o bien para incorporarlas o bien para desecharlas antes de someter nuevamente la ordenanza al debate plenario para su aprobación definitiva.
Objetivos
Los objetivos generales de esta iniciativa son la regulación y control del uso de los sistemas de saneamiento para ayudar a preservar la integridad física de las infraestructuras y los equipos que los forman, garantizar, mediante tratamientos previos adecuados, que las aguas residuales industriales tengan características aceptables, proteger la salud del personal encargado de la explotación y mantenimiento de los sistemas colectores y las plantas de tratamiento y garantizar que no haya obstáculos para el funcionamiento de estas últimas.
Además, la consecución de estos objetivos va emparejada al hecho de que el río Eresma, a donde van a parar los vertidos tratados, está catalogado como zona sensible en el actual Plan Hidrológico de la cuenca del Duero, lo que exige que los parámetros de vertido sean más exigentes que en otras zonas, especialmente en lo referente a la eliminación de nutrientes (nitrógeno y fósforo).
Por otro lado, entre los principios básicos de la nueva ordenanza, hay que señalar que los usuarios no domésticos deben tener una autorización de vertido a la red de alcantarillado.
Se limitarán y prohibirán vertidos en determinados casos y se reglamentarán los pretratamientos para corregir la contaminación en origen.
Contempla también un canon de saneamiento.
