La esperada fumata blanca para los Presupuestos Generales del Estado al fin se produjo ayer, y con ello la supervivencia del presidente Zapatero. El PSOE y el PNV llegaron a un acuerdo para traspasar al País Vasco las políticas activas de empleo por 472 millones de euros, lo que allana el camino para que el Gobierno pueda sacar adelante los PGE de 2011 con el apoyo de los nacionalistas vascos.
Así lo reveló el líder del PNV, Íñigo Urkullu, tras cerrar el pacto por teléfono y con Zapatero al otro lado de la línea, que consideró «un hecho histórico» porque los jeltzales reclamaban este traspaso desde 1988. El montante de 472 millones de euros satisface «íntegramente» sus demandas, que oscilaban entre 450 y 480 millones de euros. Como se puede apreciar, el político de Alonsótegui es un buen negociador o la política del Como sea volvió a imperar.
Eso sí, el dirigente nacionalista insistió en precisar que este pacto no supone un cheque en blanco al Gobierno para apoyar los presupuestos de 2011, pues, de hecho, el diálogo se inició una vez llegado a un acuerdo en la transferencia. «Estamos dispuestos a sentarnos pero sin nada prefijado», apostilló, para luego añadir: «El Ejecutivo es consciente de los planteamientos del PNV en orden a la conveniencia de una estabilidad institucional, económica y política».
Los 472 millones de euros en que se han valorado las políticas activas de empleo, que contemplan las bonificaciones de las cuotas empresariales -por contratación y por formación-, se descontarán a partir del 1 de enero de 2011 del cupo vasco. También incluyen la intermediación laboral -antiguo INEM-, inspección de trabajo, la formación profesional – ocupacional y continua- y el centro de formación de Bermeo del Instituto Social de la Marina.
Paralelamente, el PNV y el Gobierno acordaron que en cuanto se reorganice el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) en función de la última reforma laboral se procederá al desvío de las funciones ejecutivas vinculadas al mismo.
Con este pacto, el PNV da por cerrada la negociación presupuestaria de 2010 y se prepara para comenzar con las cuentas del Estado del año que viene, que presumiblemente serán aprobadas mañana por el Consejo de Ministros.
Para la negociación de los presupuestos de 2011, los nacionalistas ponen sobre la mesa las 15 propuestas de resolución que presentó en el último Debate sobre el Estado de la Nación, entre ellas algunas transferencias pendientes «necesarias para que el País Vasco afronte con más garantías la salida de la crisis».
Conviene recordar que la mayoría absoluta de 176 diputados no es necesaria para aprobar los PGE en el Congreso, ya que es suficiente que haya más votos positivos que negativos, pero sí haría falta llegar a este número para levantar el veto en caso de que el Senado devolviera el proyecto a la Cámara Baja. De hecho, el Ejecutivo lleva tiempo dialogando con CC y con UPN, que le darían tres apoyos.
En esta jugada estaba en juego, aparte de mantener en pie al Ejecutivo central, la salud del Gobierno vasco, pues su lehendakari, Patxi López, ya mostró su malestar por haber sido ninguneado durante todo el proceso. De hecho, Urkullu aprovechó para lanzarle algún recado.
Como era de esperar, fuentes oficiales de Vitoria se apresuraron en señalar que el barón socialista había mostrado estar de acuerdo con el pacto alcanzado tras haber sido informado de modo «permanente» durante la negociación. Este comunicado choca frontalmente con las declaraciones efectuadas en las últimas semanas por López.
Asimismo, el portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, consideró «esencial y clave» para conseguir el apoyo del PNV a los Presupuestos Generales del Estado de 2011 el acuerdo alcanzado. En rueda de prensa celebrada en el Congreso, el dirigente socialista subrayó que el pacto se ha logrado en el marco de las negociaciones presupuestarias, de las cuales constituye «un elemento esencial», y se mostró convencido de que concluirán con éxito.
Además, el dirigente socialista hizo hincapié en que la transferencia de las políticas activas de empleo a Euskadi, sobre todo de las relativas a la bonificación a la contratación, no rompen la unidad de caja de la Seguridad Social.
Y ello es así, explicó, porque, según la doctrina del Tribunal Constitucional no pueden considerarse caja única, algo que también dice «el sentido común».
Así, el ex ministro consideró «satisfactorio para ambas partes» el acuerdo y «respetuoso» con la Constitución, las leyes y el TC.
Sobre la importancia que esta alianza tiene de cara al respaldo del PNV a los Presupuestos, Alonso le dio el máximo valor, si bien recordó que la tramitación de las cuentas públicas se prolonga durante dos o tres meses en el Parlamento: «Ahora nos queda recorrer ese camino, lo tenemos bien enfocado pero no vamos a darlo por hecho; hay que seguir trabajando». No obstante, es fruta madura el ansiado acuerdo.
