La comunidad autónoma de Castilla y León inicia este año con su presupuesto prorrogado, una circunstancia que se repite por tercera vez en la historia si bien en las dos anteriores ocasiones, 2011 para 2012 y 2016 para 2017, las cuentas se aprobaron a lo largo del ejercicio, circunstancia que parece que no ocurrirá en 2019 ya que las Cortes se disolverán a principios de abril ante la cita electoral del mes de mayo.
De hecho, la Junta de Castilla y León dio el visto bueno el jueves 27 a un decreto para garantizar plenamente la prórroga de las cuentas de 2018, lo que permitirá al Gobierno regional atender “con normalidad” los gastos de personal, los derivados del funcionamiento habitual, los que aseguran la prestación de los servicios públicos esenciales, los financieros y las operaciones de crédito.
El resto de los gastos se imputarán a sus preceptivos capítulos, ya sea transferencias corrientes, inversiones reales, transferencias de capital o activos financieros, por lo que el Gobierno regional seguirá ejecutando las partidas que afectan a cualquier prestación o a actuaciones “imprescindibles” para atender cualquier servicio público o cumplir con una Ley.
En este decreto, a diferencia del que se aprobó en diciembre de 2016 para prorrogar las cuentas de dicho año, no se fijan limites a la hora de imputar los gastos durante la prórroga del presupuesto, lo que permitirá “agilidad en la gestión de la administración” día a día, aunque los créditos prorrogados están supeditados al objetivo de estabilidad presupuestaria por lo que la Junta podrá declarar la no disponibilidad de parte de dichos créditos.
La Junta ha justificado la decisión de no presentar el proyecto de presupuestos para 2019 —el Estatuto de Autonomía de Castilla y León fija el 14 de octubre como fecha límite— en la falta de datos ciertos para elaborar una previsión de ingresos y gastos fiable ante la carencia, a su vez, del correspondientes proyecto de presupuestos generales del Estado.
Tanto el presidente de la Junta, que no repetirá en el cargo, como la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, confirmada además por el PP como candidata a la Alcaldía de Valladolid, han reiterado a lo largo de estos meses que no se dan las circunstancias para presentar el citado proyecto de presupuestos porque no disponen de datos como el objetivo de déficit que debe cumplir la Junta o el límite de endeudamiento, “claves” a su juicio para poner cifra a la partida de deuda disponible para cuadrar los ingresos generales.
A esto añaden que según la Ley de Estabilidad de Castilla y León, la Junta no puede elaborar su techo de gasto sin el dato del objetivo del déficit, y la aprobación de ese techo de gasto es un “paso previo e imprescindible” para la presentación del proyecto de presupuestos y de la ley de medidas que le acompaña y que es en la que se suben, bajan o crean impuestos.
Las prórrogas
Juan Vicente Herrera ha optado por la prórroga en dos ocasiones, la primera en 2012, cuando José Luis Rodríguez Zapatero convocó elecciones generales a finales de 2011 sin dejar presupuesto para el siguiente año, y en 2017, tras la comunicación de que las entregas a cuenta que envió el Montoro variaron a la baja y el Gobierno de Rajoy llegó a Navidad sin aprobar ni el objetivo de déficit ni el de deuda y sin apoyos para aprobar las cuentas estatales.
El Decreto de Prórroga de los presupuestos de 2012 obligó a los consejeros a pedir autorización para hacer gastos previa elaboración de una memoria justificativa de su necesidad, oportunidad y posibilidades de financiación —las únicas excepciones fueron las Cortes, el Consultivo y la PAC—mientras que la segunda se optó por una prórroga presupuestaria “muy transitoria” y “blanda” para garantizar los gastos de funcionamiento de las consejerías.
Según explicó entonces la consejera de Economía y Hacienda, en 2011 la Junta tuvo que prepararse “con mucho cuidado y esmero” aquel Decreto de prórroga presupuestaria en el que se basó para el Decreto de 2016 “muy similar” en las instrucciones técnicas pero sin “tantas trabas” a determinados gastos ya que las circunstancias económicas y presupuestarias habían cambiado respecto a aquel año 2012 cuando la Junta declaró “indisponibles” tantos recursos como fueran necesarios para respetar el objetivo de estabilidad.
