El Tribunal Supremo, mediante un auto dictado el 13 de diciembre, “inadmite” el recurso de casación interpuesto por la Junta de Castilla y León contra la sentencia del 25 de enero del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), por la cual se “anulaba” el Plan de Conservación y Gestión del Lobo en la Comunidad.
La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), que es la que ha promovido el litigio, asegura que el plan de 2016 resulta “definitivamente anulado”, al “consolidar” el auto del Supremo la sentencia anterior del TSJCyL, al “desestimar” el recurso de casación interpuesto por la Junta.
Desde Ascel recuerdan que el decreto por el cual se aprobó el plan, se publicó en el BOCyL el 23 de mayo de 2016. Frente a esa disposición, Ascel planteó recurso contencioso en julio de 2016 y que derivó en la sentencia del TSJCyL el pasado 5 de febrero de año 2018.
Y frente a esa sentencia, “de un modo que ahora se confirma inadecuado”, la Junta decidió interponer un recurso de casación “sin fundamento”, como ahora ha ratificado el auto del alto tribunal, apunta la asociación.
“El Supremo no hace sino recordar que sí se establecen unos procedimientos, han de ser cumplidos por los administrados y (también) por las administraciones, incluso cuando las consejerías las dirijan magistrados en excedencia, como este es el caso, desde julio de 2015”, continúa el comunicado.
Con el segundo plan de gestión del lobo de 2016 anulado y mientras está suspendido igualmente el Plan de Aprovechamiento cinegético del lobo 2016-2019 como medida cautelar a la espera de sentencia, que ahora entiende Ascel, “se antoja poco dudosa”, la situación de la Junta, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, y de su consejero, es “insostenible” en materia ambiental y, especialmente, añaden “en lo que toca a la gestión de esta especie protegida”.
Para Ascel ya “no cabe ninguna duda del fracaso de la política de ‘gestión’ del lobo”. “Ya no es posible enmendar una trayectoria trufada de sentencias que anulan los Cupos 2010-2011, los de 2011-2012, el Plan de gestión de 2016, los Aprovechamientos Comarcales del lobo de las temporadas 2015-16, además de la suspensión cautelar de los Aprovechamientos Comarcales 2016-19”, señalan.
En el fondo, entiende la asociación, no se puede seguir sosteniendo que una especie protegida pueda ser cazada. Y cualquier enmienda acabará, a juicio de Ascel, “en la misma papelera”.
“En Ascel haremos todo lo posible para que la gestión del lobo pase por el respeto de su papel, sin control alguno, porque si alguien piensa que el plan anterior puede parchear la situación, habrá que recordar que dos sentencias del Supremo, en su momento, motivaron el actual, anulando partes cruciales del anterior”, puntualizan.
Para Ascel sólo “habrá salida” con el cumplimiento de las leyes europeas, españolas y autonómicas, en favor de la preservación de la biodiversidad, incluyendo aquí al lobo.
