La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, cifró en 6.175 millones de euros la minoración de ingresos que supone la falsificación de patentes y marcas en España.
El pasado 14 de diciembre se aprobó en Consejo de Ministros el Informe para combatir el problema de las falsificaciones y la venta ilegal, fenómeno que crece desde los años 90 y afecta a aspectos como el empleo, las ventas del sector y la salud de los compradores.
En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Isabel Celaá, comunicó que se había presentado este informe y resaltó que las falsificaciones industriales ponían en peligro 67.000 puestos de trabajo.
Los sectores que trabajan con marcas, patentes y derechos de propiedad industrial suponen un 42% del conjunto del PIB nacional, representan el 86% de las importaciones y más del 90% de las exportaciones españolas, y, además, representan el 38% del empleo, con salarios muy por encima del salario medio.
Entre los sectores con mayores pérdidas en su facturación por la falsificación de patentes y marcas se encuentran el sector textil (8,2%), el farmacéutico (7,6%), los productos de cosmética (16,2%), las bebidas (11,1%) y los ‘smartphones’ (10%).
El presidente de la Oficina Española de Patentes y Marcas, Fernando Valdés, resaltó que este problema afecta a otros aspectos como la salud y el riesgo de los compradores de productos falsificados de cosmética, y aseguró que este fenómeno daña la imagen de las calles, afecta a la reputación del país, disminuye la innovación, y tiene graves consecuencias en materia medioambiental.
La falsificación y la venta de productos falsos es un fenómeno “muy preocupante que queremos colocar en el centro de todas nuestras acciones, queremos abordar el problema desde los distintos ámbitos”, indicó Valdés.
Por ello, el Consejo de Ministros ha establecido una hoja de ruta con el compromiso de generar nuevas tendencias para combatir la falsificación en los próximos dos años. Estos objetivos se componen de cuatro grandes ejes, la regulación, el análisis, la formación y conciencia y la coordinación.
“Es un problema que nos afecta a todos, lo más importante es la coordinación entre las administraciones, que sepamos cuáles son nuestros papeles y nuestros medios, para compartir recursos y combatir este fenómeno”, concluyó Fernando Valdés.
