La magistrada encargada del caso Terra Mítica, en el que se investigó un fraude en la construcción del parque temático de Benidorm, espacio impulsado por el que fuera presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, aumentó la petición de pena para el expresidente del parque Luis Esteban, para quien ahora reclama 8 años y 10 meses de cárcel frente a los 7 que le solicitaba inicialmente.
Por otro lado, rebajó la pena para otros tres exresponsables: el ex director general Miguel Navarro; el exjefe del departamento de Contratación Justo Valverde y el ex director técnico Antonio Rincón. Para estos tres acusados solicita entre 8 años y 4 meses y 8 años y 10 meses frente a los 10 que pedía inicialmente.
Así lo expuso la fiscal este miércoles en una vista destinada a las conclusiones del juicio, en la que concretó que su acusación se dirigía contra 28 personas e insistió en la existencia de una trama de facturas falsas que “permitió”el desvío de dinero público en beneficio de “unos cuantos”. Para explicar este fraude al tribunal, el ministerio público se apoyó en unos documentos que había exhibido en PowerPoint.
Durante su exposición, la fiscal insistió en que la trama en Terra Mítica “ha quedado más que probada” con la diferente documentación que obra en la causa, los nuevos interrogatorios a acusados que en el juicio sí han querido declarar —pese a que no lo hicieron en fase de instrucción— , y nuevos testigos que se pudieron localizar y que aportaron “nuevos datos”. Estas premisas le permitieron incrementar las peticiones de pena para algunos acusados.
Entre ellos, figura Luis Esteban, para quien la fiscal pide 8 años y 10 meses de prisión por delitos de estafa, contra la Hacienda Pública y delitos continuados de falsedad en documento mercantil. El acusado defendió, por su parte, que “todas” las decisiones pasaban por el consejo de administración.
Por su parte, los abogados de las defensas aprovecharon su turno de palabra para elevar a definitivas sus conclusiones, solicitar la libre absolución de sus representados y, como alternativa, en caso de condena reclamaron que se apliquen las atenuantes de dilaciones indebidas y de cuasi-prescripción.
La causa partió de una denuncia de la Fiscalía en 2005, que investigaba al parque temático y a una veintena de empresas más por un presunto fraude fiscal valorado inicialmente en 4,4 millones de euros. La fiscal rebajó el número de acusados hasta sumar 28.
