El Consejo de Ministros aprobó ayer en Barcelona el Real Decreto por el que el salario mínimo interprofesional (SMI) subirá a 900 euros mensuales por catorce pagas a partir del 1 de enero, lo que supone un aumento del 22,3% respecto a su actual cuantía y su mayor alza desde 1977.
En concreto, el SMI se situará en 30 euros al día, 900 euros al mes y 12.600 euros al año. Para los trabajadores eventuales y temporeros, el salario mínimo será de 42,62 euros al día, y para los empleados de hogar, de 7,04 euros por hora.
Este incremento del SMI beneficiará a casi 2,5 millones de trabajadores, más de la mitad de ellos mujeres (56,7%), por lo que contribuirá a reducir la brecha de género en salarios y pensiones, según destacó el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en un comunicado.
De estos casi 2,5 millones de beneficiarios, 1,3 millones se encuadran en el Régimen General de la Seguridad Social (sin sistemas especiales); entre 750.000 y 800.000 en el sistema especial agrario y 400.000 en el sistema especial de empleados de hogar.
El comercio mayorista y minorista (18,8%), las actividades administrativas y auxiliares (14%) y la hostelería (10,8%) son los principales sectores que se beneficiarán por el alza del SMI.
Le siguen servicios (7,7%), actividades sanitarias y de servicios sociales (6,8%), administración pública y defensa y Seguridad Social obligatoria (6,8%), actividades profesionales, científicas y técnicas (6,3%), educación (6,2%) e industria manufacturera (6%).
Trabajo destaca que el objetivo de esta subida del SMI es el de prevenir la pobreza en el trabajo, aumentar el nivel de vida de las personas con peores retribuciones (principalmente mujeres y jóvenes) y fomentar un crecimiento salarial “más dinámico”, en línea con las recomendaciones internacionales y lo pactado en el acuerdo de convenios firmado por los agentes sociales.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, resaltó que esta subida sitúa el salario mínimo de España en una media del 80,6% en relación con Europa.
Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, José Ignacio Echániz, mostró su deseo de que la subida, “resultado de las políticas económicas del PP”, no traiga consigo la destrucción de puestos de trabajo.
“Deseamos que esta subida no complique el mercado laboral y no lleve a una situación indeseable de destrucción de puestos de trabajo”, comentó el dirigente popular, recordando que ya han advertido de estas posibles consecuencias el Banco de España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y algunas agencias internacionales.
La cuantía del salario mínimo se aprueba habitualmente por decreto a finales de diciembre, para su entrada en vigor el 1 de enero del año siguiente.
El sueldo de los funcionarios crecerá al menos un 2,25%
El Consejo de Ministros aprobó la subida salarial de los empleados públicos para 2019, que será como mínimo del 2,25%, cifra a la que podrá sumarse un 0,25% ligado a la evolución del PIB y otro 0,25% procedente de fondos adicionales.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, señaló que la decisión del Gobierno de aprobar el incremento salarial en un Real Decreto Ley es “evitar que haya un periodo de incertidumbre hasta aprobar la Ley General de Presupuestos Generales del Estado” y para que se desplieguen los efectos de esta subida en la realidad económica desde el 1 de enero.
En concreto, el incremento del 2,25% lo cobrarán todos los empleados públicos de todas las administraciones de manera lineal. En total, en un escenario de máximos, la subida salarial podría alcanzar el 2,75%, aunque para ello el PIB tendría que crecer el próximo año un 2,5% y la previsión es que lo haga un 2,3%.
Respecto al otro 0,25% procedente de fondos adicionales, Batet afirmó que estos fondos no se van a destinar a todos los funcionarios de manera lineal y aseguró que estarán sujetos a negociaciones con las organizaciones sindicales por cada administración. Este porcentaje se reparte para la implantación de planes de mejora de la productividad y eficiencia.
En concreto, si el avance del PIB es igual al 2,1% el incremento salarial final (contando con la subida fija del 2,25%) será del 2,30%, mientras que si la economía española crece un 2,2%, el incremento total del sueldo será del 2,35%, del 2,40% si el PIB es igual al 2,3%, del 2,45% si el PIB es igual al 2,4% y del 2,5% si la economía acaba el año con un crecimiento igual o superior al 2,5%.
A esta cifra, habría que sumar el 0,25% de fondos adicionales, que deberán negociar los sindicatos con cada administración. Así, el escenario de máximos recoge una subida del 2,75% para 2019.
Teniendo en cuenta las previsiones del Gobierno, que estiman un crecimiento del 2,3% para 2019, todo apunta a que el salario de los funcionarios crecería un 2,4% el próximo año. A esta cifra, dependiendo de la administración, se le sumaría un 0,25%, por lo que habrá casos en los que la subida podría alcanzar hasta el 2,65%.
Este Real Decreto Ley de medidas urgentes sobre retribuciones en el sector público beneficiará a las 2,5 millones de personas que componen el sector público de las tres administraciones y tendrá un coste, para este año y el próximo, de 3.625 millones de euros. En este coste, se incluye tanto el incremento fijo (2,25%) como los fondos adicionales (0,25%) y el variable (0,25% vinculado al PIB).
Este incremento salarial es fruto de un acuerdo que los sindicatos alcanzaron con Cristóbal Montoro, ministros de Hacienda del Gobierno anterior del PP, y que el Ejecutivo socialista se comprometió a aplicar.
