El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha marcado en más de 200.000 euros las indemnizaciones que el Ayuntamiento tendrá que abonar a los afectados por la inejecución de la sentencia que obligaba al derribo de la casa ‘ilegal’ de la calle de la Parra por los daños materiales y morales causados; y además tiene que abonar los honorarios de abogados y procuradores. Esta sentencia “supone un nuevo varapalo para el Ayuntamiento de Segovia”, critica Izquierda Unida, implicada en el proceso judicial desde el principio.
“Se trata de un golpe económico no solamente grave por la mera cuantía, sino porque deriva de la legalización de un claro caso de especulación urbanística”, añade el grupo, que recuerda que existen dos sentencias, del Supremo y del Tribunal Superior de Justicia, que declararon ilegal el inmueble y ordenaron su derribo, por haberse construido en un terreno no edificable.
Hace un par de años el PSOE, con el apoyo del resto de grupos municipales —solo se opuso IU, incide la agrupación de izquierdas—, aprobó un Plan Especial con el que el edificio pasó a ser legal, “algo que no debería tener cabida en una administración que debe defender los intereses de la gran mayoría. El PSOE argumentó entonces que no cumplir la sentencia evitaría un coste público de 200.000 euros por el derribo del inmueble. Al final tendrá que pagar 222.544,88 euros, más los gastos de abogados y procuradores. Por lo tanto, la resolución del caso no ha salido tan barata como algunos pensaban”, afirma el partido.
Desde IU siempre se ha pedido que el Ayuntamiento ejecutase la sentencia, “simplemente porque las administraciones públicas deben ser ejemplarizantes, por una mera cuestión ética y por la propia credibilidad de la Justicia. Un Ayuntamiento debería defender el cumplimiento de las resoluciones judiciales, incluidas las que derivan de acciones populares ejercidas por colectivos ciudadanos en defensa del interés general, como ha sucedido en este caso. Hoy vemos cómo esta actuación solo ha servido para beneficiar a aquellos que se aprovecharon del incumplimiento de la ley por parte del Ayuntamiento”.
COMPROMISOS INCUMPLIDOS IU asegura que “siempre ha intentado que esta construcción ilegal, llevada a cabo en su día con un gobierno del PP, causara el menor daño económico posible al Ayuntamiento”. El pasado mandato, el PSOE se comprometió, tras un acuerdo con IU, a buscar la forma de cumplir la sentencia y derribar la casa manteniendo los garajes bajo rasante. Pero “el Gobierno del PSOE nunca hizo nada al respecto, causando un perjuicio general y un beneficio que recayó en los propietarios. Recordemos que hoy la casa de la Parra se vende por 1.650.000 euros, un 25 por ciento más cara que antes de su legalización. Además, la decisión ha incrementado el valor del suelo a pasar de un terreno no edificable a uno edificable. Las indemnizaciones que piden los vecinos que denunciaron en su día esta construcción son lícitas, ya que el juzgado les dio la razón y la sentencia no llegó a ejecutarse”.
Por otro lado, se ha informado que uno de los demandantes ha sido el marido de la concejala Claudia de Santos, el cual va a recibir 10.000 euros (solicitó 100.000 por daños morales). “Consideramos que De Santos debería haberse abstenido o ausentarse del pleno durante la votación del Plan Especial que legalizó la casa, como así se hace cuando se vota un asunto en el que hay una vinculación directa con algún concejal. Al final, esta votación permitió solicitar a su marido esta indemnización. Es necesario que en política haya la mayor transparencia posible para no generar dudas ni sospechas sobre la actividad administrativa”, concluyen desde IU.
