La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) defendió ayer el derecho fundamental a la libertad de información tras los registros ordenados por el juez que investiga el ‘caso Cursach’ a las redacciones de Europa Press Baleares y del Diario de Mallorca. Asimismo, afirmó que “sin una prensa libre que cuente con un marco adecuado de protección no es posible el desenvolvimiento de una sociedad democrática”.
Así lo manifestó en una declaración hecha pública tras estudiar el escrito remitido por más de 650 periodistas de varios medios de comunicación en el que instaban al órgano de gobierno de los jueces a posicionarse en favor a este derecho sin injerencias indebidas frente al “insólito e injustificado” ataque a la libertad de prensa acometido este martes en las sedes de estos dos medios de comunicación donde la Policía Nacional se incautó de teléfonos móviles, ordenadores y documentación.
El CGPJ dijo que “comprende la preocupación expresada por los profesionales del periodismo y medios de comunicación” y subrayó “que los derechos constitucionales a transmitir, recibir información veraz y al secreto profesional no se agotan en la dimensión subjetiva de sus titulares, sino que trascienden a una dimensión objetiva”. “Se constituyen en pieza clave de nuestro Estado social y democrático de Derecho: sin una prensa libre que cuente con un marco adecuado de protección no es posible el desenvolvimiento de una sociedad democrática”, añadió.
No obstante, la Comisión Permanente hizo hincapié en que no es competencia suya revisar ni controlar las decisiones de un juez. Tampoco la de establecer el alcance y límites del derecho a la información, pues corresponde, según indicó, a los propios jueces y tribunales a través “de los correspondientes recursos o mediante el ejercicio de las acciones que resulten procedentes”.
Por ello, emplazó a los periodistas a usar los “cauces procesales adecuados” para plantear “si ha habido, o no, vulneración de los derechos constitucionales invocados”. En esta línea, el órgano de gobierno de los jueces apuntó en su declaración que los “propios profesionales que se dirigen al Consejo” conocen la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que afirma que éste no puede “interferir” para modificar el contenido de una resolución dictada por un juez.
“La cuestión jurisdiccional es un territorio exento de cualquier interferencia del Consejo General del Poder Judicial. Lo contrario implicaría una intromisión indebida de este órgano de gobierno con la potestad jurisdiccional de los tribunales incompatible con las funciones y competencias del Consejo y con la independencia de los jueces y tribunales”, concluyó.
La Agencia Europa Press y el Diario de Mallorca presentaron ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares una querella contra el juez que ordenó la incautación de material de ambos medios de comunicación por los presuntos delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad de domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista.
La querella considera que el auto del juez Florit constituye “un ataque letal a una de las normas esenciales para el desarrollo de la vida en democracia” y que se ha producido una conculcación del secreto profesional del periodista “disparatada e insólita”.
La acción penal se presenta por los delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad del domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional de los periodistas y se pide que la investigación se amplíe a “las demás personas que resulten ser partícipes de los hechos”, que han merecido la condena mayoritaria de la profesión periodística en España.
