La Comisión Europea propuso ayer una reforma de la política agraria común (PAC) que permita un reparto «más equilibrado» de las ayudas directas que reciben los agricultores, eliminando las referencias históricas que en principio favorecen a los antiguos Estados miembros como Francia y España, y que apueste por un reparto más «justo» entre países y sectores, premie los esfuerzos para proteger el medio ambiente y prime a las zonas más desfavorecidas.
El documento presentado por el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, en Bruselas apuesta también por un giro hacia un enfoque más ‘verde. «La agricultura europea debe ser competitiva desde el punto de vista económico, pero también medioambiental», ha advertido el comisario, que ha añadido que el sector «no incumbe sólo a los agricultores, sino a todos los ciudadanos de la UE, en tanto que consumidores y contribuyentes».
El objetivo de esta reforma es, según fuentes comunitarias, «justificar mejor ante el contribuyente» el gasto agrícola de la UE, que actualmente suma cerca de 60.000 millones de euros, en torno al 40% del presupuesto total. España, uno de los principales benefactores, recibe unos 7.500 millones de euros.
Además, Bruselas ha identificado tres ejes sobre los que apoyar la reforma, que tiene en cuenta las opiniones recogidas en los últimos meses de parte de los agricultores y ganaderos, de la industria, consumidores y otros grupos de interés. Una producción «viable» que garantice el suministro seguro y de calidad, una gestión «sostenible» de los recursos naturales y el mantenimiento del «equilibrio territorial y la diversidad de las zonas rurales», son las prioridades.
Los Estados miembros más jóvenes se quejan de una diferencia enorme entre los pagos que reciben sus agricultores -vinculados al tamaño de sus explotaciones- y las ayudas a productores de países veteranos, que se calculan con un método que tiene en cuenta datos históricos y beneficia a los que más produjeron entre 2000 y 2002.
Los agricultores más eficientes reciben mejores subsidios y eso «evidentemente, no es justo», admiten fuentes europeas, que han señalado la necesidad de encontrar «criterios más objetivos» para fijar un nuevo sistema de reparto.
El comisario de Agricultura es partidario de eliminar esos derechos históricos por los que un agricultor griego recibe como media 500 euros por hectárea, mientras que un letón recibe menos de 100.
Este cambio perjudicaría a los viejos Estados miembros como España, aunque fuentes comunitarias han advertido de que los agricultores españoles reciben subsidios por debajo de la media europea, que es de 280 euros por hectárea.
Así las cosas, Ciolos abre el debate sobre la reforma con un documento «conceptual» que no detalla los criterios para nuevas fórmulas. Las perspectivas económi- cas para el periodo que comienza en 2013, cuando caduca el actual, no se darán a conocer hasta mediados del próximo año y el comisario quiere saber de cuánto dinero dispone antes de concretar más sus ideas. La propuesta legislativa «con cifras, criterios y evaluación de impacto» llegará hacia julio de 2011.
En cualquier caso, el comisario apuesta por reemplazar el cálculo actual para las ayudas directas por otro que combine varios factores. Partir de un pago «base» por hectárea y por región fijado a partir de criterios aún por determinar y que podrían valorar desde su impacto en el empleo, la superficie o el poder adquisitivo del beneficiario, lo que permitiría fijar un «techo» para que los más ricos no sean los que más se beneficien.
Cifras.- La cuantía de las ayudas dependerá de los fondos que dedique la UE a la política agraria en el futuro presupuesto. España recibe ahora 7.487 millones (el tercer país más favorecido), y de ellos 924 millones llegan a los 97.000 agricultores de la Comunidad.
El borrador.-
Pagos. Uno, base a la renta que será anual y por hectárea, por estado o región y se propone un techo. Dos, el complemento verde, que será un pago añadido por cumplir con determinadas condiciones medioambientales en toda la UE. Tres, una ayuda para zonas con dificultades específicas. Cuatro, el pago acoplado a la producción (basado en superficies, rendimientos o cabezas de ganado). Y Cinco, apoyo a los pequeños productores.
Objetivos. Tres son las líneas generales de la propuesta: una producción de alimentos viable, la gestión sostenible de los recursos naturales y el desarrollo territorial equilibrado. Para ello plantea tres escenarios diferentes.
Medidas de mercado. No entra en medidas de mercado y simplemente apunta que «puede ser necesario mejorar los sistemas en funcionamiento para que realmente actúen como una red de seguridad. El documento considera positiva la extensión del periodo de intervención o el uso del almacenamiento privado en otros productos.
Cuotas. La propuesta reafirma el fin de las cuotas lácteas para el año 2015, así como la necesidad de afrontar el futuro de las relativas al azúcar para mejorar la eficiencia y competitividad del sector.
Desarrollo rural. El documento presenta la misma configuración actual, aunque se refuerzan los aspectos medioambientales y la competitividad. También se pretende introducir un paquete de medidas de gestión del riesgo, a voluntad de los Estados miembros.
