El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela, Andrés Lago, ha dado por finalizada la investigación por el accidente del Alvia ocurrido el 24 de julio de 2013 en Angrois, manteniendo como únicos imputados al maquinista, Francisco José Garzón, y al director de Seguridad en la Circulación de Adif cuando entró en funcionamiento la línea, Andrés Cortabitarte. Para los restantes investigados, ha ordenado el archivo provisional de las diligencias.
Lago imputa al maquinista y al exdirector de Seguridad 80 delitos de homicidio, entre ellos el de un joven segoviano, y 144 de lesiones por imprudencia profesional grave, y acuerda la continuación de diligencias previas por los trámites de procedimiento abreviado.
Del mismo modo, determina el sobreseimiento provisional y archivo de la causa contra los otros cinco investigados: tres miembros de la consultora pública Ineco, el exdirector de Seguridad de Renfe, Antonio Lanchares, y el gerente del área de seguridad en la circulación del noroeste, Fernando Rebón.
Las partes tienen ahora un plazo de 10 días para recurrir el cierre de la instrucción, así como para elaborar sus escritos de acusación o solicitar que se practiquen diligencias complementarias.
En un auto de 65 folios, de los que el magistrado dedica 40 a mencionar y desgranar a los fallecidos y heridos en la tragedia, Lago hace pivotar las responsabilidades del accidente en el exceso de velocidad derivado de la “imprudencia” del maquinista y en la ausencia de un informe de evaluación de riesgos por parte de Adif para esta infraestructura, que determina como necesario vistos los informes periciales.
En relación a Garzón, considera que su “imprudencia” fruto de la “conducción desatendida” fue la causa “inmediata y directa” del descarrilamiento, causado por el exceso de velocidad (179 kilómetros por hora frente a los 80 como máximo indicados), con el que el convoy entró en la curva de A Grandeira, según ha informado Europa Press. Una llamada realizada por el interventor del tren, que duró los 100 segundos previos al descarrilamiento, motivó la distracción.
Con respecto a posibles defectos de señalización de la vía, alegados por las partes, considera que “carecen de relevancia causal en la génesis del siniestro”.
Por otro lado, teniendo en cuenta informes y declaraciones de los peritos, Lago afirma que “no podemos discutir que la curva representaba un riesgo en sí misma, que ese riesgo había sido detectado… y que, finalmente, por parte de Adif, nada se hizo para evaluar y reducir este riesgo a parámetros de tolerancia”.
Apunta así a Cortabitarte porque “no consta que haga u ordene medida alguna destinada a evaluar y gestionar este riesgo”, lo que le hace posible responsable de los delitos de homicidio y lesiones por imprudencia profesional grave.
