La polémica provocada por la detención de Rafael García Fernández, El Rafita, uno de los condenados por el brutal asesinato de la niña Sandra Palo, y que ayer quedó en libertad pese a sus numerosos antecedentes y a que fue sorprendido in fraganti robando un coche, ha resucitado el debate sobre la inutilidad del actual planteamiento reinsertador del sistema penal patrio.
Ante la evidencia de que el delincuente, culpable de violar, atropellar y quemar viva a su víctima, continúa en la calle, como una verdadera amenaza para la sociedad, pese a que ha reincidido en tres ocasiones durante la presunta libertad vigilada a la que fue condenado tras el asesinato, ayer fueron muchas las voces que abogaron tanto por reformar la actual Ley del Menor, para endurecer el castigo a los jóvenes multirreincidentes, ahora impunes de facto, como por instaurar la cadena perpetua en los delitos más abominables.
En referencia a El Rafita, tras asegurar que la Administración regional no tiene responsabilidad en el caso, sostuvo que «algo falla» en la normativa y, por lo tanto, hay que modificarla. «Si un chico delinque siendo menor, es oportuno que no se le lleve a la cárcel, sino a un centro de internamiento de menores. Pero, si a lo largo de este período cumple la mayoría de edad y delinque, hay que tomar las medidas oportunas para que la sociedad sepa que no está bajo las amenazas de esta gente, que por haber delinquido cuando eran menores, cree que tienen patente de corso para hacer lo que le dé la gana», sostuvo la dirigente popular.
Acto seguido, la conservadora explicó que «no hay por qué descartar» la cadena perpetua si se acepta una revisión de la pena «cada X años», e insistió en la necesidad de abrir este debate.
«En los casos en los que se sabe que no hay ningún tipo de arrepentimiento ni posibilidad de reinserción creo que no hay por qué descartarla», reiteró.
Similar mensaje se trasluce de las palabras de su compañera, la secretaria general de Génova, María Dolores Cospedal, quien se hizo eco «del debate que hay en la calle» con respecto a la necesidad de aislar de por vida a los criminales más peligrosos, acentuado si cabe con motivo del primer aniversario de la desaparición de la sevillana Marta del Castillo.
No obstante, la manchega no quiso precisar si el principal partido de la oposición presentará alguna iniciativa parlamentaria al respecto.
Si lo hiciera, sin duda podrá contar con el voto de UPyD, que, por boca de su líder, Rosa Díez, abogó por idéntica fórmula que Esperanza Aguirre, es decir, por una cadena perpetua «revisable» que permita evitar la reducción automática de penas en los grandes crímenes.
Ya en el bando de los críticos con este tipo de propuestas, cabe destacar la opinión de las tres asociaciones mayoritarias de magistrados que, sin siquiera entrar en el fondo de la polémica, volvieron a situarse a la defensiva para sostener que «no es un debate serio», genera «alarma social» y nace de «intereses políticos», que no de una reflexión «serena y argumentada» sobre el sistema penal.
Tampoco se mostró entusiasmado el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, quien consideró que sacar a la palestra la cadena perpetua es una «demagogia evidente», ya que, «probablemente friccionaría con la Constitución, que dice que el objetivo del sistema penal es la reinserción». Igual punto de vista expresó el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien explicó que, para cierto tipo de delitos, ya se contemplan penas de cumplimiento íntegro de hasta 40 años, por lo que, «técnicamente, es equiparable a una cadena perpetua». Tras criticar el «populismo barato» del PP por reabrir la polémica al hilo de casos como los mencionados de Marta del Castillo y Sandra Palo, el ministro proclamó que no se puede cambiar la ley «a golpe de Facebook».
