Los líderes europeos concedieron ayer al Gobierno de Pedro Sánchez las garantías que pedía sobre el poder de veto de España sobre cualquier acuerdo futuro entre la Unión Europea y Reino Unido que quiera aplicarse en Gibraltar, y lo hicieron a través de una declaración política, “sin valor jurídico”, y cuya gestión creó cierto malestar entre el resto de socios.
“Se trata de una declaración política, sin ninguna validez jurídica”, indicaron fuentes europeas al tanto de las negociaciones de los últimos días, que advierten de que lo que se hizo es confirmar que España, como Estado miembro, tiene un poder que ya estaba acreditado.
“Es como decir que el sol sale cada mañana”, añadió la fuente, que apunta que todos los socios son conscientes de la importancia política de este asunto para España, a pesar de que el modo de gestionar esta crisis creó malestar entre muchas delegaciones.
Las quejas del Gobierno llegaron “en el último momento”, lo que irritó a algunos países, e hizo temer que llevar a primera línea del debate el estatus de Gibraltar pudiera “complicar la tarea” de la primera ministra, Theresa May, a la hora de defender el frágil acuerdo del brexit ante el Parlamento británico.
Veto sobre gibraltar
Algunas de las delegaciones tampoco veían necesario dejar por escrito algo que consideran “evidente”, en el sentido de que en el marco de acuerdos comerciales como el que se negociará con los británicos cuando sean país tercero, “España tendrá veto sobre Gibraltar y otros asuntos, como lo tendrán el resto de Estados miembros”, al cubrir asuntos de competencia nacional.
En cualquier caso, el compromiso de interpretar el Tratado de Retirada negociado con Londres como reclama España quedó recogido en dos declaraciones de los 27 y la Comisión Europea recogidas en un anejo a las actas del Consejo europeo celebrado este domingo en Bruselas para validar el acuerdo de divorcio y marcar el camino para las negociaciones de la relación futura.
Articulo 184 Para el Gobierno español era imperativo que fueran modificados tanto el artículo 184 del Tratado de Retirada como la redacción de la declaración sobre futuro, con el objetivo de introducir la “claridad jurídica” sobre el estatus de Gibraltar que, en su opinión, había quedado diluida a petición de la primera ministra británica, Theresa May.
Finalmente, ninguno de los dos textos negociados con Londres fueron modificados por temor a reabrir la negociación y complicar el proceso de ratificación y se optó por añadir declaraciones paralelas en las notas a las actas de la reunión.
Esta fórmula supone un nuevo pronunciamiento por parte de las instituciones a favor de España con respecto a Gibraltar, en la misma línea que las directrices que adoptaron los 27 en abril de 2017, pero no son legalmente vinculantes.
