Los grupos parlamentarios del Congreso acordaron el reparto de los gastos de la hipoteca que figurará en la futura ley hipotecaria, dejando al consumidor el pago de la tasación y adjudicando a la entidad financiera el resto.
Así, según informaron fuentes de la ponencia que discute el proyecto de ley de crédito inmobiliario, la entidad financiera deberá asumir los gastos de gestoría, los de la inscripción de las garantías en el registro de la propiedad y el coste de los aranceles notariales de la escritura.
Será el banco el que tenga que pagar los costes de la primera copia del contrato, aunque en caso de que el cliente solicite una copia, deberá asumir su coste.
En este reparto también se ha dispuesto que la entidad financiera asuma el impuesto de actos jurídicos documentados, en línea con el decreto ley aprobado por el Gobierno en el pasado Consejo de Ministros y en contra de la decisión adoptada por el Supremo.
Esta distribución de los gastos de la hipoteca se incluye en el artículo dedicado a las normas de transparencia en la comercialización de las hipotecas, en cuyo borrador se amplía tres días (de siete a diez) el plazo mínimo que se le da el cliente para poder estudiar la documentación facilitada por la entidad financiera, antes de proceder a la firma del contrato.
Asimismo, según este texto, se establece que las entidades financieras ofrezcan en sus páginas web y en sus oficinas los formularios de condiciones sobre sus hipotecas, la garantía de que el procedimiento notarial no supone coste alguno, ni directo ni indirecto, para el cliente, y que este podrá elegir a qué profesional recurrir para este trámite.
Tras la reunión de la ponencia, el portavoz económico del PSOE, Gonzalo Palacín, celebró que, de esta forma, quede “explícito” el reparto de gastos que debe asumir cada parte en una hipoteca, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y frenar la litigiosidad al respecto.
Asimismo, justificó la decisión en atribuir al consumidor los gastos de tasación en que “si la tasación la solicita un consumidor y es libre para elegir al tasador que considera más oportuno, lo tendrá mucho más fácil para ir con su tasación a las entidades pertinentes a solicitar una oferta para un préstamo”, dijo.
Palacín explicó que el reparto se limita a los gastos reconocidos por ley, ya que en el texto no se hace mención alguna a los gastos o comisión por apertura, los cuales el PSOE había abogado por eliminar en la propia ley.
Así, señaló que esta comisión “está aprobada por el Banco de España” y que sería la futura autoridad de protección al consumidor la que tendría que pronunciarse. Palacín afirmó que su formación presentará una propuesta al abordar las comisiones de cancelación.
