La ciudad de Segovia suspende claramente en acción contra el clima, uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible incluidos en la Agenda 2030 y en 9 de los 85 indicadores analizados en el primer informe elaborado por la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS) para medir los logros alcanzados en los últimos años. La capital segoviana se sitúa en una situación intermedia entre el centenar de urbes incluidas en este trabajo, que concluye que ninguna de ellas cumple todavía esos objetivos.
En septiembre de 2015, más de 150 jefes de Estado y de Gobierno, incluyendo al Rey Felipe VI en representación de España, se reunieron en la histórica Cumbre del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en la que aprobaron la Agenda 2030, cuyos objetivos rigen desde el 1 de enero de 2016 los esfuerzos de los países para lograr un mundo sostenible en un plazo de quince años.
La REDS, que no forma parte de ninguna organización, agencia o programa de Naciones Unidas, ha elaborado el estudio a través de un equipo de expertos independientes y recogiendo información de cien ciudades, las de más de 80.000 habitantes, las capitales de provincia y doce áreas metropolitanas.
Segovia suspende en el objetivo de desarrollo sostenible número 13 de la Agenda 2030, acción por el clima, al superar los niveles de emisión de CO2, con 6.10 toneladas de emisión per cápita (aunque los datos utilizados son del conjunto de la provincia) y en productividad neta del ecosistema, medida mediante la eliminación o liberación de CO2 a la atmósfera (también con datos provinciales, en este caso de -4 gramos por metro cuadrado). En ambos casos supera los umbrales fijados por organismos internacionales, siendo el de emisión de CO2 de 4,72 toneladas como máximo y el de productividad neta del ecosistema en -2,54.
Pero además, del total de 85 indicadores que suman los 17 objetivos de desarrollo sostenible, la ciudad suspende en otros siete: agricultura ecológica, brecha salarial en asalariados, balance de ingresos y gastos en la gestión del agua, demanda de energía residencial, tasa de desempleo juvenil, concentración de ozono (03) y vivienda protegida.
En cuanto a la agricultura ecológica, uno de los indicadores del Objetivo 2 ‘Hambre cero’, recoge la escasa proporción entre la superficie destinada a estos cultivos y el resto de la producción agrícola, también a nivel provincial.
Sobre la brecha salarial, en el Objetivo 5 ‘Igualdad de género’, la diferencia entre hombres y mujeres (sumando sueldos y pensiones) supera el 20%, cuando el objetivo debería ser la igualdad y el umbral se ha situado en el 15%.
El balance de ingresos y gastos en el presupuesto municipal destinada a la gestión del agua(con datos del año pasado) señala que en la capital segoviana es de 71,65 euros por persona, el peor valor del estudio.
La demanda de energía residencial, medida en la demanda para calor y frío al año, el valor es de 2,43 megawatio hora por persona, cuando el umbral se ha fijado en un máximo de 2,1 mwh.
Para la tasa de desempleo juvenil, la REDS toma como referencia el dato del primer semestre de este año de 2018, con el 9,72% de menores de 25 años sin empleo en el municipio, ligeramente por encima del umbral máximo, que se ha fijado en 9,41%.
La ciudad superó en el año 2017 los 114 días (y durante ocho horas o más) de concentración de ozono por encima de los límites que se consideran empeoran la calidad del aire.
Sobre vivienda protegida, la ciudad registra un mal dato, tan solo 1,7% del total de viviendas tiene esa consideración cuando el objetivo deseable es al menos del 11,76%. En la ficha de la capital segoviana el informe recoge por error este indicador en vulnerabilidad urbana (proporción de la población que vive en barrios vulnerables).
Por otro lado, Segovia aprueba con claridad en uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, el de ‘Paz, justicia e instituciones sólidas’, medido por el número de asesinatos y homicidios, transparencia municipal, participación electoral, blanqueo y tráfico de drogas y violencia a menores. También aprueba otros diez indicadores, entre ellos la paridad en cargos municipales, la reducción del gasto en alumbrado público, energía renovable y calidad del suministro eléctrico, solidez y autonomía de la administración municipal, así como bajas concentraciones de dióxido de nitrógeno y de partículas de polvo o ceniza.
