Frente a los procesados que deben responder ante el Tribunal Supremo por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia en Cataluña, el Gobierno ha querido situarse en medio, equidistante con respecto a los partidos independentistas que exigen la absolución —ERC y PDeCAT— y a aquellos otros —PP y Ciudadanos— que secundan las tesis del instructor y el Ministerio fiscal. Para ello, Pedro Sánchez ha echado mano de la Abogacía del Estado, un órgano dependiente del Ministerio de Justicia que esta vez puso a disposición de la Moncloa, lo cual es también una manera de hacerle ver a la Fiscalía cuál es su punto de vista. Un aviso a navegantes.
El riesgo de apelar en la justicia al “In medio virtus” —expresión latina que emula el clásico enunciado de Aristóteles según el cual la virtud está en el centro— está en confundir la esencia del enunciado, ya que el resultado no siempre puede ser geométrico; por ejemplo, si va en contra de aplicar las leyes en los juicios, o si elude cumplir las sentencias judiciales. No se trata, pues, de evitar la justicia como igualdad proporcional ni tampoco de impedir que todo justiciable pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa y hacerlo de la forma estratégica que estime más oportuno. Se trata de entender que la justicia es uno de los principios generales del derecho y a la vez es un poder independiente.
Tanto es así que el gesto del Gobierno hacia los partidos independentistas —se supone que con vistas a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado—, ha recibido duras críticas tanto de la oposición —PP y Ciudadanos— como de los propios grupos hacia los que iba destinado: ERC y el PDeCAT. Los primeros se aferran a la rebelión, la malversación y la desobediencia, y los segundos no ven ninguno de esos delitos por ninguna parte. Curiosamente, toda la pasión que ahora demuestran los partidos por controlar el proceso judicial no la tuvieron en su día para evitar el descontrol del frustrado procés. Trasladaron a la justicia un problema político y ahora quieren hacer política en la justicia, lo cual es un desatino.
Todo esto demuestra también que puede tener sentido alcanzar el “In medio virtus” en la economía, por ejemplo entre el liberalismo y el intervencionismo —competencia tanta como sea posible, intervención tanta como sea necesaria, propuso Willy Brandt—, pero no necesariamente en la justicia, cuyos códigos no se regulan solo en búsqueda de un punto medio de equilibrio para evitar planteamientos radicales. Si de algo se olvidan unos y otros es de que solo el Tribunal Supremo puede establecer un criterio definitivo, una vez analizado el sumario y escuchadas todas las partes; es decir, los procesados, la fiscalía, la abogacía y la acusación particular. Como principio moral, solo cabe aguardar que la justicia da a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Como principio político, es evidente que no habrá acuerdo. Ni con la sentencia ni con un eventual indulto. Dar a cada uno lo suyo, como le gustaría a Ulpiano, se antoja en este caso difícil, por no decir imposible.
