La Fiscalía solicita 25 años de prisión para el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras por un delito de rebelión agravada por malversación de caudales públicos por su presunta participación en el proceso independentista. Las penas que pide el Ministerio Público para los exconsellers y otros dirigentes procesados en la causa que juzgará en los próximos meses el Tribunal Supremo oscilan entre los 7 y los 17 años de cárcel.
Justo el día en que se cumple un año desde que Oriol Junqueras ingresó en prisión provisional, la Fiscalía dio a conocer su escrito provisional de acusación, en el que detalla los hechos y los delitos que se atribuyen al exvicepresidente, quien se enfrenta a la pena de prisión más alta de todos los acusados, ya que el delito de rebelión que consideran los fiscales que ha cometido se agrava por considerarle jefe o promotor del procés y por la malversación de caudales públicos.
Las siguientes penas más altas que solicita el Ministerio Público son para otros tres dirigentes independentistas: la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez y el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, todos ellos también en prisión provisional.
Para cada uno de ellos, los fiscales del ‘procés’ —Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno— piden 17 años de prisión y otros 17 de inhabilitación absoluta, ya que también consideran a Forcadell, Sánchez y Cuixart promotores o jefes del proceso independentista.
Mientras tanto, la Audiencia Nacional será escenario de un proceso paralelo al del Supremo en el que se juzgará a los principales mandos y jefes políticos de los Mossos d’Esquadra, con el mayor Josep Lluís Trapero a la cabeza, por los sucesos acontecidos el 20 y 21 de septiembre de 2017 frente a la Consejería de Economía en Barcelona y la jornada del 1 de octubre.
El Ministerio Público atribuye a Trapero un delito de rebelión, y no los dos de sedición y otro organización criminal por los que fue procesado por la juez Carmen Lamela. El fiscal pide para él 11 años de prisión y otros 11 de inhabilitación absoluta, los mismos que para el exsecretario general de la Consejería de Interior catalana César Puig y el exdirector de los Mossos Pere Soler. A todos ellos se les considera “mandos subalternos” de la rebelión por su supuesta responsabilidad en los incidentes durante la celebración del referéndum ilegal.
Faltan los huidos
En los escritos provisionales hechos públicos por la Fiscalía no aparecen todos los nombres de los 25 procesados por el proceso independentista en Cataluña. En concreto, faltan siete, los que en distintos momentos de la instrucción han huido de España. Carles Puigdemont y los exconsejeros Clara Ponsatí, Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret llevan ya un año fuera del país, la mayor parte del tiempo en Bélgica, donde han logrado eludir las órdenes de detención libradas por el juez Llarena.
De otra parte, la Abogacía del Estado solicita 12 años de cárcel para el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos, según el escrito remitido al Tribunal Supremo. De este modo, los servicios jurídicos del Estado se desmarcan de la postura que hasta este momento habían mantenido de adhesión a los criterios de la Fiscalía, que acusa por rebelión, y solicita penas que suponen rebajar a la mitad lo reclamado por el Ministerio Público.
La Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, no ve en lo ocurrido durante los meses de septiembre y octubre del pasado año en Cataluña el requisito de violencia necesaria para poder calificar los hechos de rebelión.
Por ello, para los exconsejeros Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull , los Servicios Jurídicos del Estado también les acusan de sedición y malversación, pero a diferencia de Junqueras solicita para ellos 11 años y medio de prisión.
En cuanto a Forcadell, la abogada del Estado pide 10 años de cárcel por un delito de sedición, el mismo que atribuye a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, para los que se solicitan 8 años de prisión.
