La ministra portavoz negó el viernes, tras la reunión del Consejo de Ministros, que el Gobierno estuviera estudiando el aumento de las cotizaciones sociales. La cuestión es que, apenas unas horas antes, el presidente de la AIREF había dicho que, en el plan presupuestario que le había entregado el Ejecutivo para su estudio, se incluía una subida del 10-12 por ciento en las cotizaciones sociales para ingresos superiores a los 45.000 euros —algo más de un millón de trabajadores y que supondría unos 380-450 euros más al año— y que por ello esperaba un aumento de los ingresos de entre 1.000 y 1.100 millones de euros. La situación creada es surrealista como poco. Y las preguntas inevitables. ¿Qué documento nos ha enseñado el gobierno? ¿Qué documento ha enviado a Bruselas? ¿Qué plan ha mandado a la autoridad fiscal independiente?
Lo único claro es que el Gobierno ha elaborado varios planes de presupuestos y que en la recámara guardaba esta subida, y vaya usted a saber qué más, para contentar a Bruselas y sin duda a la AIREF. Una forma de cubrir con ingresos (impuestos y cotizaciones) los elevados gastos que se derivan del acuerdo del Gobierno con Podemos. De hecho, la ministra portavoz, desmintiendo al presidente del organismo fiscalizador, José Luis Escrivá, dijo que esta medida debería ser negociada con los agentes sociales y en el Pacto de Toledo. Puestos a creer a alguien, es obvio que la AIREF ha evaluado el documento del Gobierno en el que éste incluía esa partida de ingresos.
No extraña lo ocurrido. Unos días antes, la ministra de Trabajo se reunía con los representantes de los autónomos y tampoco les comunicó algunas de las medidas que unas horas después aseguraba que se estaban estudiando. De hecho, Lorenzo Amor, presidente de Ata, llegó a decir “nos van a volver locos”. Es obvio el lío que están montando tanto con los impuestos como con las cotizaciones como si eso no tuviera reflejo en la confianza y en el empleo. Y en este sentido, ya tienen encima de la mesa la EPA del tercer trimestre y que deja claro que se crea menos empleo, baja menos el paro y aumenta la temporalidad sobre el total de trabajadores.
