Rogasa Construcciones y Contratas es la empresa que ejecutará las obras de finalización del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDE) del Círculo de las Artes y la Tecnología de Segovia (CAT), una inversión de 2.991.734 euros, de acuerdo con la oferta económica presentada por esta licitadora que ha rebajado en menos de 50.000 euros —49.899— el presupuesto de licitación, que ascendía a 3.041.633 euros.
El primer teniente de alcalde, Andrés Torquemada, alcalde accidental por la ausencia temporal de la alcaldesa, informó ayer de que la Junta de Gobierno Local ha propuesto la formalización del contrato con Rogasa, una vez esta empresa presente la documentación requerida en los plazos previstos.
Torquemada ha señalado que la idea que maneja el Gobierno municipal socialista es que las obras, con un presupuesto plurianual al que este año corresponde algo menos de medio millón de euros, den comienzo este mismo año y ha comentado que, aunque la Ley de Contratación del Sector Público marca una serie de plazos antes de la formalización del contrato, no necesariamente la empresa tiene que agotarlos.
El procedimiento abierto para licitar la terminación de este único edificio del CAT se inició en el mes de julio y solo concurrieron dos empresas, Rogasa y la UTE formada por Ortiz y Segasa.
La planificación inicial para el desarrollo de estas obras, incluido en la documentación del procedimiento, contempla su inicio en la primera semana del mes de noviembre y su finalización en la cuarta semana de abril, aunque el acta de recepción y la certificación final se posponía hasta mayo/junio. Al igual que Torquemada, el anterior concejal de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación, José Bayón, manejaba como plazo para el comienzo de las intervenciones “finales de este año”, por lo que a mediados de 2019 deberían estar concluidas.
El primer teniente de alcalde ha indicado que se trata de abordar fundamentalmente acabados interiores: revestimientos, instalaciones, estructuras y cerramientos y se comenzará “con las demoliciones que se consideren oportunas” aunque la empresa adjudicataria, de común acuerdo con la dirección facultativa —la oficina de arquitectura Sancho-Madridejos— podrá priorizar los trabajos a ejecutar.
La planificación de esta oficina incluía ya en los meses de noviembre y diciembre trabajos de demoliciones, estructuras, cubiertas, aislamientos e impermeabilizaciones, electricidad e iluminación y fontanería y saneamiento, que en diciembre se solaparían con los de cerramientos y tabiquería, revestimientos horizontales, cerrajería, carpintería exterior e interior, climatización y ventilación, protección contra incendios, garaje y posiblemente el inicio de la instalación de gas natural.
Todos ellos continuarían a lo largo del primer trimestre del año próximo a excepción de las demoliciones y estructuras, con un plazo de ejecución previsto de tres meses, y mes y medio más para cerrajería y el garaje.
En cualquier caso, Torquemada ha puntualizado que de no ejecutarse este año la partida prevista este año, la cantidad sobrante se incorporará al presupuesto de 2019.
El equipo de Gobierno había presupuestado inicialmente 700.000 euros este año para las obras de finalización del inmueble pero en virtud del acuerdo alcanzado con Ciudadanos la inversión se recortó hasta el medio millón.
En cualquier caso, la oposición municipal, y especialmente el Partido Popular, ha sido muy crítica con esta medida cuando todavía no se conocen los contenidos del edificio CIDE, aunque el Gobierno municipal socialista insiste en el interés de varias empresas innovadoras por asentarse en el mismo.
Un proyecto polémico
El CAT es una de las inversiones más polémicas de la actuación municipal, un proyecto fallido para la oposición, del que apenas se mantiene uno de los siete edificios proyectados inicialmente, el CIDE, para el que todavía no se ha dado a conocer un plan de uso y gestión, aunque fuentes del equipo de Gobierno han señalado que este último se dará a conocer muy pronto.
El Grupo Popular ha sido especialmente beligerante porque considera que el CAT se ha convertido en un pozo sin fondo al que, cuando finalicen estas obras, se habrán destinado más de 22 millones de euros, incluyendo programas formativos y otras actividades o servicios.
Precisamente, los ediles del PP han sembrado dudas sobre el coste y la justificación de varios de estos servicios o actividades contempladas en los primeros años del proyecto del CAT, aunque la alcaldesa, Clara Luquero, ha indicado en varias ocasiones que todos los gastos han estado supervisados no solo por la Intervención municipal sino también por la de la Administración General del Estado.
