El referéndum ilegal sobre la independencia de Cataluña celebrado el 1 de octubre cumple un año hoy habiendo derivado en causas judiciales abiertas en el Tribunal Supremo contra los líderes del proceso soberanista, en la Audiencia Nacional con la excúpula de la Conselleria de Interior y los Mossos d’Esquadra, y en juzgados catalanes contra los impulsores de la logística, mossos, alcaldes y agentes de la Policía Nacional investigados por las cargas.
En el Tribunal Supremo están procesados por presunta rebelión y malversación el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, y los exconsellers Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Toni Comín, Dolors Bassa, Clara Ponsatí, mientras que solo por rebelión: la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, la ‘número dos’ de ERC Marta Rovira, el expresidente de la ANC y actual diputado de JxCat, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart.
También han sido procesados por supuesta desobediencia y malversación otros exconsellers como Meritxell Borràs, Lluís Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret, mientras que se les atribuye desobediencia a los exmiembros de la Mesa del Parlament Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet, Joan Josep Nuet y a las exdiputadas de la CUP en el Parlament Mireia Boya y Anna Gabriel.
En su auto de procesamiento, el juez Llarena considera que los encausados por rebelión impulsaron a la ciudadanía favorable a la independencia a que hicieran frente al dispositivo policial que tenía la orden judicial de impedir la votación del 1-O lo que “supone, no ya aceptar el riesgo de una violencia claramente representable, sino directamente impulsar a una masa ciudadana a que desborde por la fuerza cualquier intención de contención que pueda provenir del Estado, tal y como finalmente aconteció el día de la votación”.
El juicio en el Alto Tribunal se prevé que se celebre en el mes de enero, justo después de las fiestas navideñas, aunque se deja en una pieza separada a los procesados que han sido declarados en rebeldía (Puigdemont, Comín, Ponsatí, Puig, Serret, Rovira y Gabriel) por lo que no se sentarán en el banquillo de los acusados, si bien no podrán regresar a España hasta que la causa prescriba y en el caso de regresar serán detenidos y juzgados.
Varias semanas
Fuentes del Supremo indican que a partir de ahora prevén varias semanas para que se confirme el cierre de la instrucción del magistrado Pablo Llarena y se dicte auto de apertura de juicio oral, a lo que después la Fiscalía y la acusación popular de Vox deberán presentar sus escritos de calificación, en los que previsiblemente el Ministerio Público mantendrá su acusación por rebelión.
Posteriormente, se le dará traslado a las defensas para que, a su turno, presenten sus escritos de defensa, si bien se prevé que planteen cuestiones de previo pronunciamiento, por ejemplo la competencia del tribunal, con lo que puede haber vistas previas en el tribunal —sin los acusados— para despejar estas cuestiones, un trámite para lo que se prevén unas dos o tres semanas.
En el Supremo se preparan para un juicio en el que se sentarán en el banquillo 18 acusados —nueve de ellos actualmente en prisión preventiva—, un proceso sin precedentes en el alto tribunal que suele ser un órgano de casación y no de enjuiciamiento, aunque sí ha celebrado otros juicios como recientemente el del exconseller Francesc Homs por la consulta del 9-N.
El juicio se augura que pueda durar entre dos y tres meses, aunque la voluntad del Alto Tribunal es ir lo más rápido posible, para lo que se harán sesiones de mañana y tarde todos los días, aunque con este calendario las fuentes consultadas aseguran que la futura sentencia no llegará hasta después de las elecciones municipales de mayo.
