El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró ayer que si los partidos independentistas priorizan “el conflicto a la cooperación la legislatura en España habrá terminado y habrá elecciones”, pero si dan prioridad a la colaboración para aprobar políticas podrá “aguantar hasta 2020”, como pretende.
Sánchez se expresó así durante una intervención en el Foro Reuters, preguntado cómo gestiona el hecho de que parte de los apoyos de su gobierno en minoría procedan de partidos que siguen reclamando la independencia —que en el caso de ERC incluso exige que el Gobierno dé pasos a favor de los políticos presos para negociar los Presupuestos—.
El jefe del Ejecutivo confió en que sus “potenciales aliados” entenderán la situación si, finalmente, el Gobierno tiene que presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 con el techo de gasto aprobado por el Gobierno anterior.
Techo de gasto
Tras semanas de conflicto institucional con la Mesa del Congreso para buscar vías que permitan al Gobierno aprobar un techo de gasto que aumente el margen de gasto en un 0,5% del PIB —6.000 millones de euros—, Sánchez dijo que, si se ve “obligado”, presentará el proyecto de Presupuestos con el techo de gasto que aprobó el PP y que sus socios entendieron que han hecho todo lo posible para cumplir su compromiso inicial.
Así, se mostró convencido de que este asunto no hará caer al Gobierno, sino que PP y Ciudadanos tendrán que explicar a los españoles por qué se opusieron a disponer de más recursos para sanidad, educación y políticas sociales, teniendo en cuenta, además, que el nuevo Ejecutivo ya había pactado esa senda de déficit con la Comisión Europea. Para Sánchez, que cree que “la política en España ha emprendido un comportamiento irracional”, esa “austeridad” supondrá daños no solo sociales, sino también económicos.
En todo caso, según explicó en su día la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trabajar con el techo de gasto del PP implicará para los Presupuestos solo 1.200 millones de euros menos, una décima del PIB, porque la intención del Gobierno de Sánchez era que, del margen del 0,5%, dos décimas fuesen para las comunidades autónomas y otras dos para la Seguridad Social.
