El presidente de la asociación internacional de bicicletas de montaña, Victor Tarodo, y su homóloga del club ciclista Kamelias, María Antonia Jordán, se reunieron ayer con el alcalde del Real Sitio de San Ildefonso, José Luis Vázquez, para trasladarle sus quejas e interrogantes acerca del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, cuyo documento va a presentarse en octubre.
“Estamos hablando con los alcaldes que tienen representación en el Patronato del Parque para puedan hacer ver que el documento que va a salir debe rehacerse”, explica Tarodo, quien se muestra muy descontento con dicho PRUG porque “va a cortar turismo, deporte y un montón de actividades, además de lo que supone de cara a los municipios que están en la corona del parque porque ya nos han confirmado que en cuatro o cinco años se va a duplicar su extensión y se sumarán 30.000 hectáreas al Parque Nacional”. Según el presidente de la asociación, incluirán 32 núcleos urbanos y el Parque de Lozoya.
Tanto particulares, como asociaciones y el mismo Ayuntamiento granjeño ya presentaron alegaciones al plan pero “no van a tener en cuanta casi ninguna”, lamenta Tarondo que alerta de que el peligro es que el PRUG “tiene capacidad para regular las actividades en la zona periférica, con lo que será una ecatombe para el ciclismo y otras actividades como el senderismo, carreras de running, equitación, la escalada o la recogida de setas”.
Mesas de trabajo
“Lo que dejan son pistas semiasfaltadas, anchas, de más de tres metros. No dejan ningún camino, y son como autopistas para una bicicleta, además de que son más peligrosas porque coges más velocidad”, asegura el presidente de la asociación quien también hace hincapié en la recogida de setas explicando que “es ilógico lo que hacen porque no pueden salirse de los caminos y las setas no crecen en mitad de un camino. No tiene sentido”.
La cuestión de fondo, asegura, es que “no tienen criterio y sobre todo no se han sentado en una mesa a trabajar con los colectivos afectados”. “Entendemos que hay que proteger el Parque, pero de una manera equilibrada”, ruega Tarondo. “Dicen que el problema es la masificación pero la han provocado ellos al crearlo Parque Nacional. Así han provocado un efecto llamada y que todo el mundo quiera venir”, asegura al tiempo que explica que “los que llevamos toda la vida cuidándolo nos quedamos sin poder hacer nada para que venga la gente de fuera”.
Lo que pretenden estas asociaciones afectadas, en definitiva es hablar bien los diferentes puntos del PRUG y que se cree un documento razonado y consensuado y que den alternativas. “Queremos que nos dejen nuestros caminos tradicionales, los que abrieron nuestros tatarabuelos hace 500 años”, reclama el afectado, “no queremos ir por mitad del campo rompiendo nada si no por las vías tradicionales”.
Reacción municipal
Por su parte, el alcalde del Real Sitio, José Luis Vázquez, es tajante al respecto y muestra su “absoluta posición como alcalde a la hora de, ni siquiera entrar a considerar absolutamente ninguna restricción dentro del PRUG que afecte a los vecinos”, porque “cualquier opción que pase por restringir los usos del espacio público, sea como forma de vida o ocio que “para los vecinos de La Granja y Valsaín sería un atentado contra el propio territorio y afectará contra el Parque Nacional”.
El primer edil reconoce que “hay un problema grave de efecto llamada por el incremento de visitantes tras ser declarada la Sierra reserva de la biosfera y es totalmente inasumible por el Parque”. “Este aumento de visitantes tiene que ser regulado”, asegura el alcalde, quien insiste en que debe hacerse “sin que, en ninguno de los puntos, de ningún orden, afecte a los vecinos de La Granja y de Valsaín, pero no porque sea un privilegio, si no porque ellos son los que han hecho posible que tenga la declaración de Reserva de la Biosfera”. “Hay que ejercer control en el acceso”, continúa explicando Vázquez, “para todos aquellos que no son vecinos por ello es importante que las leyes vengan acompañadas de recursos económicos para contratar a más agentes forestales, más transporte público limpio… En definitiva, hay que controlar el acceso pero no restringirlo a los vecinos”, zanja.
