Izquierda Unida no da por cerrada su ‘guerra’ contra determinadas entidades financieras por lo que consideran un claro caso de corrupción, en contra de los intereses de los ciudadanos. Por ello, según anunciaron ayer en Segovia los responsables de la formación de izquierdas en la Comunidad y en la provincia, presentarán un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional con el que pretenden reabrir el caso del Torreón de Lozoya, inmueble “arrebatado” a los segovianos debido a la hipoteca de 6,8 millones de euros suscrita sobre dicho Torreón por la extinta Caja Segovia para saldar una deuda de la empresa Navicoas Asturias.
Pero es que el procurador en las Cortes Regionales de IU-Equo, José Sarrión, quiso dejar claro que su compromiso contra este tipo de casos de corrupción va más allá de Caja Segovia, ya que también esperan que se aclare lo sucedido en Caja España y se han presentado como acusación particular en el caso ‘Enredadera’.
Durante su visita a Segovia para presentar el nuevo recurso presentado ante el Constitucional, Sarrión volvió a lamentar que la Comisión de Investigación sobre las Cajas llevada a cabo en las Cortes de Castilla y León no valiera de nada, ya que solo se aceptaron un 20 por ciento de las comparecencias solicitadas —solo dieron explicaciones tres de los supuestos responsables—, debido a un acuerdo alcanzado entre el PP y el PSOE, dijo, “en un claro intento de oscurecer lo que sucedió en Caja Segovia”, tanto en lo relativo al caso del Torreón de Lozoya como en el caso de las prejubilaciones millonarias firmadas apenas unas horas antes de la extinción de la entidad financiera.
Asimismo, recordó que en lo que respecta al Torreón hay indicios de delito, misma idea en la que redundó el abogado de la formación de izquierdas, Alberto López Villa, quien añadió que se ha vulnerado el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, evitando así “un pronunciamiento sobre el fondo” del caso.
López Villa insistió en que hasta este momento se ha tratado de evitar “por todos los medios” un pronunciamiento sobre el fondo, sobre si se ha cometido delito o no, cuando, en su opinión, está muy claro pues “está elevado a escritura pública” y los supuestos autores, doce exconsejeros de Caja Segovia, “están reconocidos”.
Es más, el letrado se mostró esperanzado en que la Fiscalía del Constitucional siga la misma línea que ha marcado el Tribunal Supremo, que apuntó a que el archivo del caso no se debió a las causas previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sino “a otras causas” como “el acuerdo secreto” con una de las partes acusadas, la también entidad financiera Bankia.
