El PP exigió al Gobierno “una inmediata solución” para poner fin al sindicato de trabajadoras del sexo aprobado por el Ministerio de Trabajo, en un error que calificó de “muy grave” y que considera que se debe a la “incompetencia” y “falta de atención” del Ejecutivo.
Fuentes ‘populares’ cargaron contra la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, quien reaccionó a la creación de este sindicato, aprobada por su departamento, asegurando que le habían metido “un gol por la escuadra”. Tras ello, la ministra portavoz, Isabel Celaá, anunció en el Consejo de Ministros que se impugnará la constitución de este sindicato por “la vía más rápida”, que fuentes del Ejecutivo señalaron este viernes que podía ser la declaración de nulidad de pleno derecho.
“Me parece vergonzoso que no sepa lo que pasa en su propio Ministerio. Las consecuencias de este hecho pueden ser importantes, su reversión complicada y nos preocupa que los ministros no se enteren de lo que hacen. Es el colmo”, manifestaron desde el Partido Popular, y añadieron que su partido es contrario a la legalización de la prostitución porque “es la evidencia más antigua de la desigualdad y la violencia contra las mujeres”.
Código penal
Además, lamentaron la reforma del Código Penal que llevó a cabo en 1995 el PSOE para despenalizar la prostitución voluntaria, porque facilitan la creación de clubes de carretera y pisos en los que mujeres ejercen “supuestamente” de forma consentida.
Los ‘populares’ rechazaron los argumentos en favor de la legalización de la prostitución y subrayaron que, según “recientes estudios”, el 90 por ciento de las mujeres que ejercen la prostitución en España son víctimas de trata.
En concreto, criticaron a quienes piden la legalización de la prostitución para que exista un “control sanitario” sobre las prostitutas y sus lugares de trabajo, y han señalado que “esta corriente no propugna el mismo tipo de control sobre los clientes”.
También recordaron las palabras del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, en 2015, cuando sostuvo que la prostitución podría llegar a ser la tercera actividad económica de Europa y contribuir en 6.000 millones a la recaudación de impuestos. “El Estado no puede regular el alquiler del cuerpo de las mujeres por horas”, sostienen desde el PP, y comparan la prostitución con la venta de órganos o el trabajo infantil.
Según el Partido Popular, la prostitución “atenta contra la dignidad de las mujeres” y ninguna mujer ejerce la prostitución si tiene la posibilidad de realizar otra actividad económica. Así, señala que las mujeres españolas abandonaron la prostitución en la década de los noventa con la bonanza económica, siendo su lugar ocupado desde entonces por mujeres extranjeras, muchas veces “explotadas por proxenetas o chulos”, lo cual, recuerdan, sí es ilegal. “Ninguna mujer que ejerce la prostitución desea el ejercicio de esta actividad para sus hijas”, agregaron los ‘populares’.
Por último, argumentaron que la prostitución supone desigualdad entre los hombres y mujeres, ya que no promueve “relaciones libremente consentidas, igualitarias y sin violencia”, y el número de hombres que ejercen es mínimo porque la mayoría de clientes son hombres. “Es más, los hombres que ejercen lo hacen mayoritariamente para clientela también masculina”, concluyeron.
