El Gobierno calcula que podrá exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos a finales de año y dará 15 días a la familia para hacerse cargo del cuerpo. En el caso de que la familia no comunique dónde quiere enterrar al general o existan discrepancias entre sus miembros, será el propio Ejecutivo quien tome la decisión.
Así lo explicó ayer en rueda de prensa la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que explicó los detalles del procedimiento iniciado por el Ejecutivo con la aprobación por el Consejo de Ministros de un real decreto ley que da amparo legal a la salida de los restos de Franco del Valle de los Caídos.
Este real decreto ley modifica la Ley de Memoria Histórica de 2007 para especificar —añadiendo un tercer apartado al artículo 16— que “en el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda”.
Franco es la única persona enterrada en el monumento que no falleció en la contienda ni fue represaliado posteriormente sino que falleció octogenario de muerte natural y manteniendo la jefatura del Estado.
Primo de Rivera seguirá
Al lado de su losa, delante del altar de la basílica del Valle de los Caídos, está también enterrado José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española. Él sí fue ejecutado en los primeros meses de la Guerra Civil, por lo que permanecerá en el Valle. En su caso, el Ejecutivo quiere exhumar sus restos para enterrarlo en otro lugar del Valle y así dejar de estar en un lugar preeminente de la Basílica para tener un tratamiento similar al del resto de víctimas, como recomendó el Comité de Expertos de Memoria Histórica en 2011.
Pero a pesar de que el Congreso de los Diputados urgió en 2017 a exhumar los restos de Primo de Rivera, al igual que los de Franco, con carácter urgente y preferente, el real decreto ley afecta tan sólo al dictador. Preguntada por este hecho, Calvo hizo un llamamiento a los partidos para que, además de convalidar el decreto, voten su tramitación como proyecto de ley, lo que daría pie a introducir más cambios y mejoras a la actual Ley de Memoria Histórica.
El real decreto ley entrará en vigor 24 horas después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. A partir de ese momento, el Congreso de los Diputados tiene un plazo de 30 días para convalidarlo o tumbarlo.
No obstante, y precisamente por tratarse de un real decreto ley —que faculta al Gobierno para legislar sin el aval previo del Congreso en casos excepcionales y urgentes— el Gobierno avanzará en el procedimiento para exhumar a Franco aprobando en el Consejo de Ministros de la semana próxima un acuerdo de incoación que dará un plazo de 15 días a los interesados para que se puedan personar en el procedimiento y realicen las consideraciones y las alegaciones que consideren.
