Un año después de que una célula yihadista atacase a las centenares de personas que paseaban por La Rambla de Barcelona la tarde del 17 de agosto y, pasadas unas horas, por el paseo marítimo de Cambrils (Tarragona), la Audiencia Nacional continúa investigando activamente estos atentados, reivindicados por el Daesh, que dejaron en total 16 víctimas mortales y más de 300 heridos.
Actualmente, tres personas se encuentran en prisión provisional por su presunta participación en los hechos: el que alquiló la furgoneta utilizada en el atropello masivo en Barcelona; un herido en la casa que saltó por los aires en la que se estaba preparando la acción terrorista; y otra persona vinculada con la compra del material explosivo. El resto de los miembros del grupo fueron abatidos por los Mossos en Cambrils o fallecieron la noche anterior en la explosión de una vivienda en Alcanar.
Aún así, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que levantó en julio parte del sumario, sigue indagando en los hechos. Según las últimas diligencias conocidas, el magistrado pidió el pasado mes de junio información para conocer si los yihadistas se financiaron con ‘microcréditos’ y en febrero puso bajo vigilancia a personas cercanas a la célula, como al hermano del autor de los atropellos por comprar un disfraz de policía.
Similitudes
España no había sufrido ningún atentado yihadista desde el 11 de marzo de 2004. Los del 17 y 18 de agosto de 2017 se suman a los perpetrados en Europa en los dos últimos años siguiendo el mismo ‘modus operandi’: atropellos múltiples y el uso de armas blancas.
Esta forma de actuar fue advertida por los Mossos d’Esquadra en un primer informe del 17 de agosto de 2017 en el que se solicitó al juez Andreu la autorización para proceder a registrar los domicilios de un grupo 12 amigos y hermanos (de entre 17 y 24 años), sobre los que se sospechaba su implicación en los atentados de Cataluña.
Sobre las 16.30 horas de ese día, una furgoneta blanca, con el logotipo de una empresa de alquiler, recorrió más de 500 metros causando el pánico entre los viandantes que se encontraban en el paseo situado en el centro turístico de la ciudad condal. En ese momento, 13 personas perdieron la vida y otros centenares resultaron heridos, incluso de gravedad, de tal modo que una de ellas falleció después en el hospital.
La alarma volvió a saltar en la madrugada del 18 de agosto cuando un coche con cinco personas en su interior, con cinturones de explosivos falsos y armados con cuchillos y hachas, esquivaron un control y consiguieron entrar en el paseo marítimo de Cambrils. Tras abrir fuego contra ellos, el vehículo vuelca y sus ocupantes salen de él tratando de apuñalar a los transeúntes, matando a una mujer.
Culpan al imán
Un agente logra abatir a cuatro de los terroristas y el quinto muere tras resultar herido. Se trata de Moussa Oukabir, Omar y Mohamed Hychamy, Said Aalla y Houssaine Abouyaaquob, quienes llevaban consigo un pañuelo rojo en honor al conocido como el “guerrero del pañuelo rojo”, Abu Dujana, coetáneo del profeta Mahoma, que se cubría la cabeza con esta prenda antes de entrar en combate, tal y como explican los investigadores en uno de sus informes.
Los presuntos autores de los atentados que declararon ante el juez ya responsabilizaron al religioso de los actos terroristas. También lo hicieron ante los Mossos d’Esquadra sus familiares.
“Toda la culpa era suya”, aseguró la hermana de Driss y de Moussa Oukabir, destacando que sus sermones eran radicales y que “hablaba abiertamente, por el altavoz, de la lucha armada” y decía que “se tenía que matar a los infieles y que la yihad se debía hacer sin pedir nada a cambio”.
Los familiares de los yihadistas también declararon que sus allegados se habían radicalizado y habían cambiado su comportamiento antes de los ataques.
