El concejal de Hacienda, Desarrollo Económico, Empleo e Innovación, José Bayón, ha querido salir a la palestra para explicar una serie de cuestiones relacionadas con una parcela del terreno que inicialmente se iba a destinar al proyecto del Círculo de las Artes y la Tecnología (CAT). Como se recordará, una sentencia da la razón a los propietarios en el sentido de que el Ayuntamiento de Segovia debe expropiar el terreno y, obviamente, compensarles económicamente. A raíz de ese fallo judicial, y del requerimiento para que se ejecute, se han sucedido las críticas de grupos de la oposición como el Partido Popular o Ciudadanos que dan casi por seguro que este nuevo contencioso costará 1,5 millones de euros al consistorio. El edil socialista niega la mayor y, en todo caso, considera que el desembolso será sensiblemente inferior.
Para empezar, Bayón quiere dejar claro que no se trata del espacio en el que se ha construido el único edificio del CAT — está pendiente de finalizar el interior— sino de una de las parcelas que integraban los 70.000 metros cuadrados que englobaban este proyecto del segundo mandato del alcalde Pedro Arahuetes y que el actual Gobierno municipal, también socialista, da por fallido, salvo en lo que se refiere al citado inmueble.
Por otra parte, el concejal de Innovación recuerda que el origen del contencioso no tiene que ver inicialmente con el CAT sino que está en un convenio negociado en los años noventa entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa, que se concreta en la firma de un acuerdo en 2002, cuando era alcalde de la ciudad el centrista José Antonio López Arranz con el apoyo del PP.
“Ese acuerdo se hizo para ceder terrenos al Ministerio a cambio de los del Regimiento y de Coronel Rexach. A partir de ahí el Ayuntamiento iba a expropiarlos pero son los propietarios los que de forma mayoritaria piden un convenio consistente en una ocupación directa; no quieren dinero sino a cambio piden edificabilidad en el sector de Prado Bonal. Era la época en la que a Segovia iba a llegar el AVE, se pensaba que iba a crecer la ciudad y ellos prefieren esa opción”, sostiene Bayón, que añade que el convenio obliga a los propietarios a urbanizar Prado Bonal. Sin embargo, una minoría de propietarios desde el principio prefieren ser expropiados y ahí está el origen del contencioso.
En el año 2006 y siguientes surge la oportunidad de llevar a cabo el proyecto del CAT y se negocia con Defensa para modificar las condiciones del acuerdo y ceder menos terreno al Ministerio para destinar una parte a la nueva iniciativa municipal.
Bayón recalca que los propietarios que firmaron el convenio están en una situación muy distinta a la de los que pretenden la expropiación. Los primeros no han manifestado hasta ahora su intención de reclamar en los tribunales y el concejal considera que no les compensa porque estarían obligados a urbanizar Prado Bonal, algo que hasta el momento no han hecho, y además a pagar a la Junta de Castilla y León una cantidad estimada en torno al millón de euros para desarrollar esta zona del municipio, conforme a la normativa vigente.
Lo que ha ocurrido es que el contencioso con los propietarios que sí se han mostrado siempre partidarios de la expropiación se ha alargado más de una década y todavía no hay una sentencia firme, insiste Bayón, que sobre las pretensiones económicas de los reclamantes señala que “pueden pedir la luna pero el Ayuntamiento ha hecho su valoración teniendo en cuenta que eran terrenos rústicos”. Advierte que es un asunto complejo y de resolución incierta pero comenta que “ellos dicen exprópiame pero nosotros no hemos utilizado esa parcela, ni se ha urbanizado, hablando coloquialmente no la queremos”.
