La Audiencia Nacional sentará en el banquillo a partir del próximo día 17 de septiembre a las nueve personas, siete varones y dos mujeres, detenidas el día 20 de diciembre de 2016 en Valladolid en el marco de una operación que permitió desmantelar una organización que pretendía poner en circulación una gran cantidad de dinero falso aprovechando la Navidad.
Los nueve encausados, entre ellos Alfredo M.L, su esposa, Rosa J.B, y el yerno de ambos, Antonio J.G, del ‘clan de los Paturros’, se exponen a un conjunto de penas que suman 87 años de cárcel. Todos ellos compartirán banquillo en la Sección III de lo Penal de la Audiencia Nacional entre los próximos días 17 y 20 de septiembre, según informaron a los medios de comunicación fuentes jurídicas.
Se da la circunstancia de que los tres citados, así como otros cuatro más del referido clan, se encuentran inmersos en otra causa por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas—fruto de la misma operación policial en la que se intervino la moneda falsa—que será juzgada en la Audiencia de Valladolid en fechas aún pendientes de señalar.
En su escrito de calificación provisional, la acusación pública solicita las penas más duras para Alfredo M.L. y Fidel G.P, en situación de provisional comunicada y sin fianza desde entonces y quienes se exponen cada uno 13 años de cárcel y multas de 90.000 euros, así como condenas de once años para la esposa del primero, Rosa J.B; su yerno, Antonio J.G, y Vicente C.J, en los tres casos también con sanciones pecuniarias de idéntica cuantía.
A estos cinco primeros se les imputan delitos de fabricación de moneda falsa y pertenencia a grupo criminal. Ocuparán también banquillo, con peticiones de cinco años y nueve meses de cárcel y multas de entre 900 y 100 euros, Rebeca L.L, Héctor E.C, José F.H. y Juan F.S, acusados de tenencia de moneda falsa y pertenencia a grupo criminal.
Las investigaciones se iniciaron en 2016 cuando se tuvo conocimiento de que circulaban cierto tipo de billetes falsos en España de 10 y 20 euros. Inicialmente se comprobó que habían sido puestos en circulación en establecimientos comerciales de Valladolid y otras localidades limítrofes.
Una vez obtenidos los primeros datos sobre el origen de las falsificaciones, la labor de los investigadores se centró en identificar a los responsables de su elaboración y a los distribuidores y la investigación llevada a cabo permitió a los agentes descubrir que quienes elaboraban la moneda falsa eran los miembros de un conocido grupo familiar del que se disponía información.
