El Consejo de Ministros dio ayer luz verde a tres Reales Decretos sobre empleo público que contemplan conjuntamente la convocatoria de 23.156 plazas, que sumadas a las 7.688 convocadas el pasado mes de abril para docentes y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado arrojan una oferta de empleo público total para 2018 de 30.844 plazas.
“La mayor oferta de los últimos diez años”, según destacó la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
De las 23.156 plazas aprobadas, 17.299 son de nuevo ingreso y promoción interna (11.095 de nuevo ingreso y 6.024 de promoción interna); 323 pertenecen a una oferta extraordinaria para atención a asilados y refugiados, y 5.534 plazas corresponden a procesos de estabilización en la Administración General del Estado y en Justicia.
En la rueda de prensa, Batet destacó que la creación de empleo neto con esta oferta será de 1.909 nuevas plazas, un 58% más que la oferta del año pasado. “Es la mayor creación de empleo desde 2008”, subrayó.
La oferta se estructura a través de tres normas: el Real Decreto Ley de oferta extraordinaria de empleo en el ámbito de asilo y refugio; el Real Decreto de oferta de empleo público propiamente dicho y el Real Decreto de estabilización en el empleo temporal.
Batet explicó que la oferta de este año, además de atención a asilados y refugiados, se destinará a sectores prioritarios, como Seguridad Social y lucha contra el fraude, el refuerzo de la atención al ciudadano en servicios públicos, la gestión de prestaciones por desempleo, seguridad y emergencias e Instituciones Penitenciarias, entre otras áreas.
“Iniciamos una senda de recuperación y de poner en valor lo público. Necesitamos recuperar a la Administración y a los empleados públicos como garantes de las personas más necesitadas y necesitamos empleados públicos ilusionados y motivados”, subrayó la ministra. A continuación, resaltó que “por primera vez” la oferta de empleo viene respaldada por cuatro de los cinco sindicatos presentes en la Mesa General de la Administración General del Estado (CSIF, CC.OO., UGT y CIGA).
Dentro de las 11.095 plazas de nuevo ingreso en turno libre aprobadas, 8.289 se asignan a personal funcionario, 1.892 a personal laboral y 914 a la Administración de Justicia.
En el caso de las 6.024 plazas de promoción interna que forman parte de la oferta, 5.277 serán para personal funcionario, 700 para personal laboral y 227 para la Administración de Justicia.
Recuperación salarial
Por su parte, de las 5.534 plazas de estabilización de personal temporal, 2.862 plazas corresponden a la Administración General del Estado (todavía no ejecutadas) y 2.672 a la Administración de Justicia. En los próximos seis meses, el Gobierno aprobará otro Real Decreto para la estabilización de empleo temporal de la AGE derivada de los Presupuestos Generales del Estado para 2018.
Además de la oferta de empleo público, el Gobierno aprobó la normativa para suprimir en la Administración del Estado la reducción retributiva que se venía aplicando desde el año 2012 a los empleados públicos que se encontraban en situación de incapacidad temporal.
Dicha reducción suponía un descuento del 50% de las retribuciones del primer al tercer día de incapacidad temporal y de un 25% entre el cuarto y hasta el vigésimo día, ambos inclusive. Con los cambios, se recupera el 100% desde el primer día. “Es un derecho que nunca se debió perder”, dijo Batet.
En un comunicado, CSIF valoró la oferta, pero pidió al Gobierno un esfuerzo adicional para recuperar las 38.800 plazas perdidas en la Administración General del Estado desde 2010, así como la agilización de los procesos selectivos.
