La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, aseguró ayer que “nadie está pensando en adelantar elecciones, si bien nadie va a resistir más allá de lo razonable”, porque “sería absurdo”, según dijo tras la advertencia de la nueva dirección del PDeCAT de que pondrán más caros sus apoyos al Ejecutivo en el Congreso y el previsible rechazo del PP a la senda de déficit.
Dicho esto, apeló al presidente de la Generalitat, Quim Torra, “el presidente legítimo, el que vive en el Palau y no fuera de España”, a continuar con la senda de diálogo iniciada con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para buscar una salida a la situación política en Cataluña. “Esperemos que no se arrinconen”, añadió.
Según Celaá, “el presidente del Gobierno está determinado a seguir por esa senda que sabe que es su responsabilidad y su deber y el presidente de la Generalitat tiene el deber y la responsabilidad, como presidente legítimo, de recorrerla”, dijo preguntada en un desayuno informativo del Fórum Europa.
Es más, confió en que “frente a la confrontación que algunos desean”, se aporten propuestas “del lado de la solución” como hizo Sánchez en el Congreso. Sin mencionar expresamente la propuesta de Sánchez que vuelva a votarse un nuevo Estatuto de autonomía para Cataluña, defendió que sus ideas son “legítimas, viables y razonables”.
En cambio, advirtió de que “quien se empeñe en una propuesta inviable sabe que no llegará a buen término”. La portavoz dijo que el Gobierno respeta los procesos internos de todos los partidos, pero recordó a Torra que la obligación de los políticos es “trabajar con los instrumentos de la política” y aprovechar la “ventana de oportunidad” que se ha abierto para “resolver un problema arrinconado en el pasado, muy enmarañado”, y conseguir “que mejore el futuro de toda la sociedad catalana”.
Fuentes del Ejecutivo admitieron, a primera hora de ayer, que la situación política ha cambiado con la elección de la nueva dirección del PDeCAT, encabezada por David Bonheví y la diputada en el Congreso Miriam Nogueras, más cercanos al expresidente Carles Puigdemont, frente a la anterior coordinadora, Marta Pascal, pero aseguraron que el Gobierno seguirá su rumbo y tratará de agotar la legislatura e ir salvando cada obstáculo que se presente.
Desde ERC, por su parte, el consejero de Acción Exterior de la Generalitat, Ernest Maragall, afirmó el lunes por la noche que no creía que formase parte “de la voluntad de nadie en Cataluña poner seriamente en riesgo la estabilidad del Gobierno central”, aunque también que los partidos independentistas defenderían en el Congreso sus intereses y los de Cataluña y que es “imposible ver si van a aparecer discrepancias” que pongan en riesgo esa estabilidad.
Comisión bilateral
En cuanto a la reclamación de Maragall de que en la próxima comisión bilateral se hable de la posibilidad de un referéndum de autodeterminación y de los “derechos y libertades” de los políticos presos, Celaá dijo no conocer el orden del día de la reunión, pero apuntó que “una parte hablará de lo que considere oportuno y la otra contestará lo que sea procedente”. Todo apunta, así, a que se repetirá el guión del encuentro entre Sánchez y Quim Torra, en el que el Ejecutivo dejó claro que no impediría a la Generalitat hablar de lo que quisiera, pero que respondería expresando sus posiciones.
Y, sobre si el Gobierno estaría dispuesto a volver a aplicar el 155 en Cataluña, replicó que no quería considerar futuribles. La también ministra de Educación también dijo que el Gobierno no ha estudiado si recurrirá el decreto catalán sobre la educación secundaria —“Quizá lo tenemos que estudiar”, señaló—.
Y afirmó que le provoca “una sonrisa” la pregunta de si el Gobierno pretende que todos los niños estudien catalán. Según dijo, los centros pueden ofrecer como opciones las lenguas cooficiales si lo desean pero eso “forma parte de la autonomía de los centros”. “De ahí a pensar que el Ministerio pone el catalán para todos los alumnos de España hay un abismo”, zanjó.
En cuanto a la elección de Pablo Casado como presidente del PP, lo cierto es que el Gobierno ya daba por hecho que no puede contar con su apoyo.
