La ministra de Justicia, Dolores Delgado, anunció en el día de ayer una futura reforma integral de la Ley de Memoria Histórica, así como la elaboración de planes de búsqueda de desaparecidos, un censo de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y programas de exhumación. Además, adelantó que su departamento estudiará la manera de llevar a cabo la “ilegalización de aquellas asociaciones u organizaciones que hagan apología del franquismo”, como la Fundación Francisco Franco.
“Es nuestra intención y nuestro compromiso asegurar el acceso a la verdad mediante los mecanismos adecuados y eficaces que garanticen el derecho a la reparación de las víctimas del franquismo y la obtención de las adecuadas garantías de no repetición”, afirmó Delgado en su primera comparecencia en el Congreso.
Por este motivo, el Ministerio de Justicia creó una nueva Dirección General para la Memoria Histórica que, tal y como explicó Delgado, se encagará de establecer “planes de búsqueda de desaparecidos” y contará con “expertos en materias relacionadas con el Derecho, la Arqueología y la Antropología Forense, así como representantes de asociaciones memorialistas y de familiares de víctimas y cualquier otra persona destacada en materia de Memoria Histórica”.
Esta dirección general hará públicos los datos de exhumación anual, el número de personas localizadas, la cifra de peticiones registradas y el número de prospecciones sin resultado positivo para su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) o en el boletín oficial de la comunidad autónoma donde se haya realizado la exhumación. También procederá a la publicación de un censo oficial de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Tras subrayar que la Ley de Memoria Histórica de 2007 ha de ser actualizada, la ministra adelantó que el Gobierno pondrá en marcha una reforma integral que irá en línea a lo expuesto en la proposición de ley que presentó el PSOE en la oposición y que fue rechazada por el entonces Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Nulidad de los tribunales
Según la ministra, esta reforma tendrá como objetivo “declarar la nulidad de los tribunales de excepción franquistas y sus fallos y sentencias, impulsar desde lo público las exhumaciones, crear una comisión de la verdad, resignificar el Valle de los Caídos en los términos recomendados por la Comisión de Expertos que estudió el asunto en 2011, retirar la simbología de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura, con un procedimiento tasado con sanciones económicas para el caso de incumplimiento y reforzar el acceso a archivos”.
Además de ello, remarcó Delgado, el Ejecutivo se propone reabrir la Oficina de Apoyo a las Víctimas del Franquismo y estudiará la manera de llevar a cabo la ilegalización de aquellas asociaciones u organizaciones que hagan apología del franquismo.
“No se trata de la calificación de las víctimas de un lado o de otro, es algo diferente. Se trata de cumplir con los principios básicos del Derecho Humanitario, del Derecho Internacional y de los Derechos Humanos. Y algo mucho más próximo: de cumplir la ley y, en su falta, definir los mecanismos que la complementen”, dijo.
Y es que, según manifestó Dolores Delgado, “España no puede seguir siendo el país al que se identifica en foros internacionales como uno de los mayores incumplidores de las resoluciones de esa categoría que se refiere a violadores de Derechos Humanos y al derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”.
Ignacio Prendes recordó a la ministra que todavía quedan más de 300 crímenes de la banda terrorista ETA sin resolver.
