La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, confirmó su intención de introducir el consentimiento expreso en los delitos sexuales tras la sentencia que condena a los cinco miembros de La Manada por un delito de abuso sexual y les absuelve del de agresión. “Si una mujer no dice sí expresamente, todo lo demás es no”, dijo.
La vicepresidenta ya había adelantado esta intención el pasado domingo en un entrevista en la que, preguntada por el sentido de la reforma que prepara el Ejecutivo, hizo referencia a la reforma que se había realizado en el Código Penal sueco “para decir que salvo que una mujer diga expresamente sí, su respuesta es no”. “Es una fórmula extraordinaria, no podemos estar interpretando. Si una mujer no verbaliza sí es no”, concretó hace dos días.
Durante su comparecencia ayer ante la Comisión de Igualdad del Congreso, recordó que está en marcha la revisión de la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal. “Necesitamos hacer una revisión que permita asegurar mejor, en términos de garantías, los tipos penales que no pongan en riesgo a través de la interpretación delitos tan graves contra las mujeres”, defendió la ministra.
Blindar los delitos
A su juicio, la vinculación de los delitos de carácter sexual a la falta de consentimiento expreso es una manera de “blindarlos”. “O es sí o es no, y que no haya interpretación posible”, remarcó. En concreto, reivindicó que este es el modelo de Suecia y en el que está trabajando Alemania.
Para la ministra, si se relacionan estos conceptos se logrará “preservar” el respeto a las mujeres y a su sexualidad. Además de la mejorar la formación de los jueces desde un enfoque de género, Calvo cree que la Justicia “se tiene que alejar de la mirada sexista” así como del “patriarcado” a la hora de interpretar las normas.
Por otro lado, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad aseguró ayer que el Ejecutivo quiere iniciar las modificaciones legislativas necesarias para devolver las competencias de las políticas de igualdad y contra la violencia de género a los ayuntamientos, al tiempo que anunció que hará “un esfuerzo presupuestario mayor” para luchar contra la violencia machista.
Asimismo, detalló las líneas generales de la política de su departamento. Calvo ve “escasos” los 20 millones previstos para las entidades locales en el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género que contempla otros 100 millones para las comunidades autónomas y 80 millones del Estado en las cuentas.
