El nuevo Gobierno del PSOE ha cumplido su compromiso de permitir el trámite de la Ley de Vivienda de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), que fue vetada por el Ejecutivo anterior con la complicidad de Ciudadanos en la Mesa del Congreso. La norma volvió al citado órgano parlamentario tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el otro veto a la LOMCE y, ahora, el actual Gobierno no la ha vetado. Precisamente, la XXIII Asamblea Estatal de la PAH, que celebran este fin de semana en Segovia, con 150 representantes de medio centenar de plataformas locales, insiste en la necesidad de que se tramite una Ley que consideran fundamental para dar respuesta al grave problema de emergencia habitacional al que se enfrentan centenares de familias.
Desde PAH Segovia, Soledad Sacristán, explica que lo que se pretende es que se debata el documento elaborado desde la plataforma y que se incorporen las aportaciones de los grupos parlamentarios, por ejemplo con enmiendas, para sacar adelante una Ley que llevan tiempo demandando y ante el elevado número de desahucios que trimestre tras trimestre se están produciendo, según los datos que maneja el observatorio del Consejo General del Poder Judicial.
Sacristán apunta a que en el primer trimestre de este año se han contabilizado solo en Castilla y León 444 desahucios a inquilinos por no pagar la renta del alquiler y en torno a 180 lanzamientos por ejecuciones hipotecarias, estos últimos a pesar de que están prácticamente paralizados en los juzgados, pendiente de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelva una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de España sobre la cláusula de vencimiento anticipado, de manera que se reactivarán como tales ejecuciones o como procedimientos ordinarios, según sea la resolución, lo que sin duda, volverá a elevar la cifra de desahucios. Además, según esta portavoz de la PAH se espera que el Tribunal europeo resuelva “en un par de semanas”.
Mientras tanto, en los talleres y debates se estudian problemáticas y se buscan soluciones que en algunos casos tienen que venir de la mano de las administraciones públicas. Sacristán señala, por ejemplo, que el parque de vivienda pública “en España no llega al 2 por ciento, cuando en el entorno europeo supera el 15%”.
Eso genera, por ejemplo, que cuando una familia no puede pagar el alquiler o es desahuciada por no poder hacer frente a una hipoteca, en el caso de Segovia haya una lista de espera de más de un centenar de personas para acceder a una vivienda pública.
Ante esta situación es imprescindible que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez promulgue una moratoria “urgente e indefinida” de los desahucios en primera vivienda hasta que no haya una solución definitiva.
Fondos buitre
Otro asunto tratado en esta asamblea estatal de la PAH es el de la burbuja del alquiler y, sobre todo, las actuaciones especulativas de fondos buitre que están adquiriendo a precios de salto viviendas en manos de la banca. Aunque en Segovia la Plataforma local todavía no ha detectado situaciones graves como las que se han producido ya en barrios de Madrid, Barcelona o Valencia, por ejemplo, Sacristán indica que “estaremos vigilantes porque es una ciudad turística y pueden echar el ojo a viviendas de bancos”.
