El acuerdo del techo de gasto para 2019, que el Gobierno debe presentar en próximas semanas para su votación en el Congreso y en el Senado, será el primer reto de la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pero aunque el PSOE no pudiera sacarlo adelante en las Cortes, ello no bloquearía la presentación en septiembre del proyecto de Presupuestos Generales del próximo año.
Lo que comúnmente se conoce como techo de gasto es un acuerdo de Gobierno en el que se establece tanto el límite de gasto no financiero (una cifra que, excluyendo la deuda, marca el máximo que podrá gastar el Estado el año siguiente) como el reparto de los objetivos de deuda y déficit, en relación al PIB, de las administraciones central, autonómica y municipal.
Según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el Gobierno debe aprobar estos objetivos de estabilidad presupuestaria en Consejo de Ministros en el primer semestre (fecha máxima 30 de junio), previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), para después remitirlo a las Cortes.
El acuerdo del techo de gasto va acompañado de un informe que evalúa la situación económica prevista para cada uno de los años contemplados en el horizonte temporal, un informe elaborado por el Ministerio de Economía, previa consulta al Banco de España, y que debe tener en cuenta las previsiones del Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea.
Sin embargo, su principal utilidad, además de fijar el marco en el que después se moverá el proyecto de Presupuestos Generales del Estado del año siguiente, es que sirve de guía a las administraciones autonómicas y municipales para poder elaborar sus cuentas, al fijarse en él los límites de deuda y déficit que deberán respetar.
Unas cifras que, junto con las de los adelantos de entregas a cuenta, son la base para que las administraciones territoriales puedan preparar sus propias cuentas. Una circunstancia que cobra especial relevancia en 2019, que es año electoral en todos los municipios y buena parte de las comunidades autónomas.
El acuerdo ha de someterse después a votación tanto en el Congreso como en el Senado, lo que se calcula para julio. Debe ser aprobado por las dos Cámaras, aunque no se necesita una mayoría cualificada. El problema del PSOE es que sólo tiene 84 diputados en el Congreso y que el PP cuenta con mayoría absoluta en el Senado.
SI SE RECHAZA, OTRO TECHO
La Ley de Estabilidad Presupuestaria, ley orgánica en la que se regula dicho acuerdo, establece que, en caso de que las Cortes no aprueben el techo de gasto, el Gobierno deberá volver a remitir a las Cortes un nuevo acuerdo en un plazo máximo de un mes.
Sin embargo, en ningún momento establece que su aprobación sea imprescindible para la aprobación de un proyecto de PGE, el cual debe ser remitido por el Gobierno a las Cortes antes del 30 de septiembre, según recoge la propia Constitución.
Así lo han llegado a reconocer fuentes parlamentarias ‘populares’, que señalan que, en principio, no ven impedimento alguno en que el Gobierno pudiera presentar unos Presupuestos en el Congreso aun sin haber podido aprobar el techo de gasto.
