El expresidente de Caja Segovia, Atilano Soto Rábanos, reconoció ayer que la entidad fue «rehén» de Bankia en el asunto sobre la hipoteca del Torreón de Lozoya, al tiempo que calificó de «legal, serio, riguroso y comprometido» el plan de prejubilaciones por el que altos directivos llegaron a cobrar cerca de 18 millones y por el que el Juzgado número 2 de Segovia emitió a principios de año un auto para la apertura de juicio oral.
Así lo señaló, en declaraciones recogidas por Europa Press, durante su comparencencia en la Comisión de Investigación sobre la actuación, gestión y supervisión de las Cajas de Ahorro donde defendió que, durante su vinculación con la entidad, la Caja marchó «muy bien», con resultados «positivos» en todos sus ejercicios, antes, durante y después «del famoso de 2006» con un «halo ejemplar» de «transparencia», «gracias un trabajo intenso y talentoso» de directivos y empleados y «sin recibir de esta casa» dinero alguno para «proyectos empresariales, financieros y sociales».
La hipoteca del Torreón de Lozoya, las prejubilaciones, los viajes de «formación» y su integración en el SIP (Sistema Institucional de Protección) de BFA-Bankia, fueron los temas a los que dio respuesta durante más de hora y media, el que fuera presidente entre 1997 y 2012 de la entidad, con un cargo «no ejecutivo, honorífico, gratuito y representativo».
Soto Rábanos calificó como «muy valioso», un programa «ejemplar, leal y riguroso», y enmarcado en el Plan Estratégico 2006-2010, las prejubilaciones de los directivos de la entidad, ideado para evitar que los responsables «talentosos» que habían dirigido la caja se pudieran marchar de ella. El expresidente de la entidad, que está inmerso en un proceso judicial con otros cinco exdirectivos de la entidad por autoconcederse prejubilaciones por 17 millones de euros, insistió en defender la «legalidad y transparencia» de un plan avalado por la Comisión de Control y que recibió el visto bueno del Banco de España, la CNMV y la Junta. «No hay nada que ocultar, ni nada que apropiarse por parte de los consejeros, ni los directivos», reiteró a preguntas de los procuradores, para aclarar también que el precio económico de las prejubilaciones era análogo al del resto de empleados y otras entidades del mundo empresarial, un 74,7 por ciento del salario.
TORREÓN
Sobre la hipoteca del Torreón de Lozoya —también en vía judicial después de que el Supremo admitiera a trámite el 29 de mayo el recurso interpuesto por IU— Soto lamentó que Caja Segovia fuera «rehén» de Bankia a la que solicitaron el crédito y lo calificó de «mal menor» para hacer frente a la operación con la empresa Navicoas, porque «el mayor era asumir una deuda de 65 millones». «No había más salida, era el mal menor», dijo para señalar a continuación que no querían llegar a la «pérdida del patrimonio» y que al final el problema se solucionó «de manera amistosa».
También abordó los viajes del Consejo de Administración a diferentes partes del mundo y que para Soto no eran más que «cursos de formación», en lugares «apacibles» y de manera «familiar» y siempre acompañados de algún «profesional». En este sentido aseguró que eran reuniones similares a las que se hacían en otras entidades o empresas. También reiteró durante su comparecencia que Caja Segovia tuvo buenos resultados siempre, hasta incluso en 2008, cuando los demás estaban sufriendo los efectos de la burbuja inmobiliaria. «La Caja no tenía problemas grandes», y recordó que fue el Banco de España quien les «empujó de forma intensa» a entrar en el SIP en 2010, con Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja.
Por último, reconoció la «voluntad» de participar en una caja única de Castilla y León, algo que habría sido muy «positivo», si bien se refirió a la «endogamia» como principal problema para llevarla a cabo. «Habría sido poner todos los huevos en la misma cesta», dijo.
