La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó ayer el inmediato ingreso en prisión de Julen Goicoechea, Jon Ander Cob, Aratz Urrizola e Iñaki Abad, cuatro de los ocho condenados por la agresión de Alsasua (Navarra) que continuaban en libertad provisional.
Cuatro días después de dictarse la sentencia que les condenaba a penas de entre nueve y trece años de cárcel, la Audiencia Nacional, atendiendo la petición de la Fiscalía, ordenó la detención de los cuatro por riesgo de fuga y por la tarde, también en línea con el Ministerio Público, acordó su ingreso en prisión tras las vistillas que se celebró en la sede del tribunal en San Fernando de Henares.
El tribunal, presidido por la magistrada Concepción Espejel, recuerda en su auto de prisión que los indicios de criminalidad existentes contra los acusados se vieron consolidados en una sentencia condenatoria, en la cual se impusieron penas altas, por lo que teme que de continuar en libertad hasta que la sentencia sea firme los jóvenes “puedan darse a la fuga”.
Evitar su entrada
A pesar del arraigo en Alsasua alegado por las defensas de los condenados para evitar de momento su entrada en prisión, los magistrados entienden que esta situación personal y familiar “no desvirtúa” ese riesgo de fuga, por lo que optan por que empiecen a cumplir su condena.
A los pocos minutos de conocerse la decisión de la Sala, los familiares de los jóvenes han publicado un tuit en su cuenta ‘Altsasu gurasoak’ (Padres de Alsasua) en el que exclaman “¡INJUSTICIA!”.
Del resto de condenados, Ohian Arnanz (13 años de prisión), Adur Ramírez y Jokin Unamuno (ambos 12 años) ya estaban en prisión preventiva desde que fueron detenidos a finales de 2016. Ainara Urquijo, por su parte, fue condenada a dos años, por lo que no tendrá que ingresar en la cárcel al carecer de antecedentes penales.
Los ocho jóvenes de Alsasua, de entre 21 y 32 años de edad, fueron condenados por delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas. Todos tienen previsto recurrir la sentencia, para lo que disponen de un plazo de diez días, de acuerdo a la información facilitada por la defensa. Será la recientemente creada Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional la que dirima sobre el caso.
La Sala, que impuso las penas más altas contempladas por los mecionados delitos y aplicó las circunstancias agravantes de abuso de superioridad y odio para establecerlas, no consideró que los condenados debieran serlo por los delitos de terrorismo que pedían tanto la Fiscalía como las acusaciones popular y particular, y en la sentencia dijeron que “no ha quedado plenamente acreditado la finalidad terrorista”.
