El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz propuso juzgar a once altos cargos y militares del Gobierno de Marruecos a los que imputa, entre otros, un delito de genocidio por los crímenes que se cometieron contra refugiados del Sáhara Occidental entre los años 1975 y 1992.
Así consta en un auto en el que el magistrado procesa a los once dirigentes marroquíes —entre los que se encuentran dos gobernadores, un teniente y un coronel— por un delito de genocidio en concurso con detención ilegal, torturas, asesinato y desaparición forzada, al tiempo que pone a siete de ellos en situación de busca y captura en este sentido.
El juez, que acordó estas medidas a instancias de la Fiscalía, señaló que el “hecho fundamental” que se investiga en esta causa es el hallazgo en febrero de 2013 de una fosa común en Amgala en la que aparecieron ocho cadáveres que “han sido plenamente identificados por el ADN” así como los testimonios de varios testigos y víctimas que “incriminan” a los procesados.
Entre los procesados se encuentran el gobernador de la Administración Territorial del Ministerio del Interior hasta 1997, Abdelhafid Ben Hachem; el gobernador de Smara entre 1976 y 1978, Said Ouassou; el subgobernador de la provincia, Hassan Uychen; los inspectores de Policía en El Aaiún Brahim Ben Sami y Hariz El Arbi; el coronel de las Fuerzas Armadas Abdelhak Lemdaour y el teniente de la Gendermaría Real Driss Sbai. Contra todos ellos el juez acordó la “busca, detención e ingreso en prisión”.
Además, Ruz procesó al coronel Lamarti y a los presuntos “responsables de genocidio” Muley Ahmed Albourkadi, Bel Laarabi y Abdelghani Loudghiri, que fueron identificados por algunas de sus víctimas. En estos cuatro casos, el magistrado solicita a las autoridades marroquíes que aporten los datos que posean para su “correcta identificación y filiación”. Al mismo tiempo, rechazó procesar a otros ocho imputados.
