La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela concluyó la investigación contra el mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero, los exjefes políticos del cuerpo policial César Puig y Pere Soler así como la intendente Teresa Laplana, por lo que informó de ello a la Sala de lo Penal para que abra la fase de preparación del juicio. En un auto, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 declaró concluso el sumario de la causa y lo remitió a la Sección Primera de la Sala de lo Penal, dando diez días de plazo a las partes para pronunciarse.
Trapero está procesado en la Audiencia Nacional por dos delitos de sedición y uno de organización criminal por los hechos ocurridos el 20 y 21 de septiembre frente a la Consejería de Economía en Barcelona y la jornada del referéndum independentista del 1 de octubre.
Asimismo, la magistrada procesó a Puig y Soler por organización criminal y un único delito de sedición, por el 1 de octubre, mientras que a Laplana le atribuye un solo delilto sedición en relación con los incidentes del 20 y 21 de septiembre.
Después de toda la instrucción de la causa, que comenzó a finales de septiembre de 2017, Lamela concluyó que Trapero, Soler y Puig integraban una organización jerarquizada “bajo una dirección común en cuya cúspide se encontraba el president de la Generalitat de Cataluña”, con carácter estable desde hace ya más de dos años, con asignación de tareas y con una confluencia estratégica perfectamente sincronizada de acuerdo con el plan de la organización criminal, que fue lo que “en suma permitió la celebración del referéndum ilegal y la ulterior declaración de independencia aprobada por el Parlament el 27 de octubre”.
En el marco de una estrategia premeditada y perfectamente coordinada, la juez de la Audiencia Nacional describió en su auto de procesamiento del pasado 5 de abril el reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles para llevar a cabo la secesión. Con arreglo a ese plan común, Lamela se centró en la “utilización ilegal” de los Mossos “al servicio de los intereses secesionistas”.
Así, destacó este uso “tanto en los actos sediciosos” del 20 y 21 de septiembre como en la celebración del referéndum ilegal, pero también “en la realización de actuaciones de espionaje a los miembros de la Policía Nacional y Guardia Civil y acciones de vigilancia y contravigilancia a miembros de la organización que eran seguidos y vigilados en el curso de investigaciones judiciales”.
