El magistrado de la causa del ‘procés’ indepentista en Cataluña, Pablo Llarena, se dirigió al tribunal regional de Schleswig-Holstein —que tiene pendiente decidir sobre la entrega a España del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont— para recordarle que los delitos de rebelión y malversación no son los únicos por los que puede ser juzgado en nuestro país, ya que las conductas que se le atribuyen también podrían ser objeto de petición de condenas por otros tipos penales como la sedición o la conspiración para dicha rebelión. Asimismo, añadió que también se aceptaría la entrega para juzgarle por estos otros tipos penales. De este modo, la justicia española espera superar el escollo producido por la decisión inicial de este órgano de no extraditar al exmandatario por rebelión, que es el principal delito que se le imputa y que conlleva penas de hasta 30 años de cárcel.
Fuentes jurídicas señalaron que, en su petición a Alemania, que es de finales del pasado mes de abril, Llarena acogió el sentido de su último auto, en el que rechazó los recursos de reforma presentados tanto por Puigdemont como por otros 22 procesados en esta causa y apunta la posibilidad de que los hechos puedan ser calificados como conspiración para la rebelión, si bien no rechazó el de rebelión al reafirmarse en que concurre el requisito de la violencia para imputar este delito.
También indicó en este auto Llarena que en el “caso hipotético” de que no se acredite que esa violencia iba dirigida a conseguir la independencia de Cataluña se podría atribuir a los procesados el delito de sedición, que conlleva penas más leves —de hasta 15 años— o de conspiración para cometer cualquiera de los anteriores, que reduciría la condena máxima a unos 7 años.
En todo caso, recordó a los alemanes que la entrega que se solicita se hace en relación a unos hechos concretos con trascendencia penal y que corresponderá a las acusaciones, y no a él como instructor, la calificación final de los mismos por un tipo penal concreto.
Por otra parte, en una providencia con fecha del pasado 8 de mayo y notificada ayer a las partes, el juez Llarena formó pieza separada respecto de los siete investigados que se encuentran fuera de España, que son además de Puigdemot en Alemania, los exconsejeros Toni Comín, Meritxell Serret, Lluis Puig (en Bélgica) y Clara Ponsatí (en Escocia) y también la secretaria general de ERC, Marta Rovira y la exportavoz de la CUP, Anna Gabriel, huidas a Suiza.
Pieza principal
Con ello, el magistrado prevé dar impulso a la pieza principal respecto del resto de investigados, que está prácticamente terminada, y evitar que los trámites que requieren el resto de procesados en otros países lastren la agilidad del proceso. Se abre así la posibilidad de que Puigdemont y resto de huidos puedan ser juzgados en su día de forma separada del resto.
Igualmente a petición de la Fiscalía del Tribunal Supremo, el magistrado Llarena acordó otras diligencias, como pedir a la magistrada que investiga la presunta secesión de la cúpula de los Mossos d’Esquadra en la Audiencia Nacional, Carmen Llarena, sus correos electrónicos y llamadas telefónicas entre los investigados en relación con los incidentes acaecidos el 20 de septiembre —día del asalto a la Consejería de Economía— y el 1 de octubre del pasado año.
Igualmente reclamó diversos documentos al titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga la organización del referéndum del 1-O de 2017, diferentes documentos, escuchas telefónicas, e informes económicos realizados por la Guardia Civil sobre posibles pagos para la consulta, dirigidos a sustentar el delito de malversación en este caso.
