Han pasado más de cuatro años y las familias de los 80 viajeros del tren Alvia que murieron en el siniestro ocurrido en Angrois (Santiago de Compostela) en julio de 2013, entre ellos Javier García Municio, padre de Curro, la víctima segoviana, han tenido que soportar lo indecible para que se investiguen las responsabilidades penales y políticas de lo que ellos no consideran un accidente fortuito, ya que denuncian una serie de negligencias todavía por esclarecer, al margen de la responsabilidad del conductor del convoy.
Hace siete meses el Congreso de los Diputados aprobó por fin, después de varios intentos, la creación de una comisión de investigación que García Municio espera que sirva al menos como “altavoz” para las víctimas, para poner sobre la mesa el papel que jugaron políticos como el exministro socialista José Blanco, la presidenta del Congreso, Ana Pastor —durante su etapa de ministra de Fomento— o el actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, que en julio de 2013 era secretario de Estado de Infraestructuras, además de altos responsables políticos y técnicos de Adif y Renfe.
Esta Comisión no se había constituido por diferencias de criterio de los grupos parlamentarios sobre quién debía presidirla. Finalmente ha sido el diputado del PDeCAT, Feliu Joan Guillaume, el elegido, con el riesgo de que se cuestionen sus decisiones si algún partido intenta mezclar su labor con su defensa del independentismo de Cataluña.
Para la plataforma de víctimas, entre las derivaciones de esta tragedia que más les enfada se encuentra el que algunos de los altos cargos que entonces tenían responsabilidad en la red ferroviaria no solo continúan en la política activa o en las empresas implicadas sino que “han sido premiados, han ascendido”. Es el caso del actual secretario de Estado de Infraestructuras, entonces presidente de Renfe.
El padre del joven segoviano, víctima de este siniestro, señala que a estas alturas todavía hay tres frentes de investigación de las causas del siniestro: el judicial, con la instrucción parada en este momento por la huelga de funcionarios de Justicia en Galicia; el político, con la citada comisión de investigación parlamentaria, que todavía tardará en torno a un mes en echar a andar y está previsto que se prolongue más de seis meses, y el técnico, con una pugna entre las partes por incorporar u obviar informes y evaluaciones de riesgo sobre el accidente.
Entre los protagonistas, además de los políticos, se encuentra el juez instructor, Andrés Lago, o el exjefe de seguridad de circulación de Adif Andrés Cortabitarte, investigado judicialmente por 80 supuestos delitos de homicidio y 144 de lesiones por imprudencia profesional grave al considerar la Audiencia de A Coruña que existen “indicios de una actuación deficiente, completa y parcial en la evaluación de riesgos”.
García Municio es relativamente optimista sobre la evolución del caso judicial pero se acerca el quinto aniversario y advierte que muchos españoles están olvidando ya este siniestro y algunos ya preguntan extrañados cuando se habla de la fatídica curva de Angrois.
