El consejero de Sanidad, Antonio Sáez, volvió a defender en el Pleno de las Cortes la legalidad del cierre de las urgencias nocturnas en algunas localidades del entorno rural de Castilla y León, mientras que el PSOE insistió en que no se cumplen los criterios marcados por la ley, que establece que el centro de referencia no ha de estar a más de 30 minutos de distancia.
En concreto, el socialista Fernando Pablos se refirió a los centros de las localidades salmantinas de Barruecopardo y Villarino de los Aires, hasta el punto de que entregó al consejero un acta notarial que recoge el recorrido desde estas localidades y hasta los centros de referencia que demuestra, para el PSOE, que el tiempo de viaje entre Vitigudino y Villarino de los Aires es de 34 minutos y ocho minutos más desde Villarino hasta Pereña.
Con ello, según Pablos, se incumple la ley que establece un máximo de treinta minutos, por lo que el cierre de estas urgencias es «ilegal», además de «irracional, injusta socialmente, inútil económicamente y cruel desde el punto de vista humano», por lo que instó al consejero a que hoy mismo las vuelva a poner en marcha.
En su respuesta, el consejero de Sanidad defendió que se han utilizado datos oficiales del Ministerio de Fomento para establecer el tiempo de duración del trayecto, aunque se comprometió a constatar los datos del socialista, al tiempo que insistió en que en estas zonas «se da una respuesta razonable a las necesidades».
También recibió críticas de la procuradora del PSOE María Sirina Martín por la reestructuración sanitaria en Atención Primaria en la Montaña Palentina, que supondrá la extinción de 171 plazas de médicos rurales y 43 de enfermeras de una zona que solo pide «quedarse como está», a pesar de que lleva seis años pidiendo más servicios sanitarios.
Al respecto, el consejero de Sanidad negó «la mayor» de las referencias aportadas por Martín porque en esa zona «se ha hecho mucho», al tiempo que defendió que desde 2002 en la Comunidad se han contratado más de 7.000 profesionales sanitarios, lo que demuestra a su juicio que no todo se hace mal.
En otra pregunta oral, el procurador de Izquierda Unida, José María González, denunció el «austericidio» puesto en marcha por la Junta y por el Gobierno en materia sanitaria, al tiempo que aseguró que con las nuevas medidas de copago sanitario se ha privado del tratamiento a muchas personas en Castilla y León, la mayoría enfermos crónicos de más de 65 años. Por eso, recomendó a la Junta que no se felicite por haber sido de las comunidades más ahorradoras en los últimos datos de gasto farmacéutico.
Para el consejero, la reducción del gasto farmacéutico no ha impedido el acceso a los medicamentos, sino que ha servido para mejorar la sostenibilidad del sistema sanitario, por lo que calificó estos datos de «altamente positivos».
Además, defendió que esta reducción en el gasto no solo se produce por el copago farmacéutico, sino por otras medidas como la prescripción por principio activo o el establecimiento de precios de los medicamentos, relacionadas con la industria farmacéutica tal y como le pidió González. Es más, el consejero cifró en 3,26 euros al mes la media de lo que han aportado los pensionistas desde la puesta en marcha del copago farmacéutico.
Por último, la portavoz de Sanidad del PSOE, Mercedes Martín, volvió a criticar en otra pregunta oral el incremento en las listas de espera en la Comunidad, mientras que el consejero indicó que en el último trimestre de 2012 la demora media se redujo en dos días fruto, entre otras cosas, del incremento de la jornada laboral de los profesionales sanitarios.
