Castilla y León recibirá del Estado un total de 124 millones de euros para impulsar políticas activas de empleo, esta cantidad supone un 11,3 por ciento más que lo destinado el pasado año, cuando se contabilizaron 12 millones de euros menos, según destacó el consejero de Empleo de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, tras asistir a la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales celebrada ayer.
En concreto, en la reunión se aprobaron las cuantías que el Gobierno destinará a la autonomías para impulsar estas políticas, no obstante Fernández Carriedo destacó la importancia de aprobar un Presupuesto General del Estado, ya que éste conllevaría un nuevo cálculo de estas cifras y podría suponer cantidades “superiores” para la Comunidad.
Sin embargo, el consejero de Empleo de Castilla y León valoró que se haya aprobado este reparto porque permite “trabajar” a las autonomías y “tomar decisiones” sin esperar a que finalmente el Presupuesto salga adelante, algo que “como pronto” podría producirse en junio.
Por último, Fernández Carriedo destacó que el crecimiento de las cuantías destinadas a Castilla y León es superior a la media nacional y reseñó que con estas cantidades se impulsarán acciones que favorezcan la incorporación en el mercado laboral y las dotaciones para financiar las cantidades correspondientes al Salario Mínimo Interprofesional de los centros especiales de empleo.
En este sentido, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social distribuirá 2.054,8 millones de euros a las Comunidades Autónomas para políticas activas de empleo, lo que supone un aumento del 8,5% en comparación con el reparto de abril del año pasado.
Así se acordó en la LXIX Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, celebrada ayer y que estuvo presidida por la ministra del ramo, Fátima Báñez. Esta dotación contempla un incremento de 37 millones de euros en comparación con el presupuesto prorrogado de 2017.
Este incremento de 37 millones de euros irá a parar, entre otros aspectos, a financiar el aumento de las subvenciones de mantenimiento del empleo de las personas trabajadores con discapacidad que prestan sus servicios en Centros Especiales de Empleo, con motivo del “fuerte incremento” del salario mínimo interprofesional que se ha aprobado para 2017 y 2018.
Una vez aprobados los Presupuestos Generales del Estado para 2018, actualmente en trámite parlamentario, la cuantía final a distribuir a las CCAA se elevará hasta los 2.126 millones de euros, para lo cual se prevé una nueva distribución de la cuantía restante avanzado el año.
Asimismo, durante la Conferencia Sectorial también se evaluó el Plan Anual de Política de Empleo (PAPE) 2018 y el grupo de trabajo de este programa para 2019. En 2018 se cumple el quinto año en el que se aplica un modelo de reparto basado en el cumplimiento de objetivos por parte de las CCAA.
Objetivos
De esta forma, la programación, evaluación y financiación de las políticas activas de empleo establece un sistema de incentivos que promueve que las comunidades actúen según los objetivos acordados en el Sistema Nacional de Empleo. El Plan Anual de Política de Empleo 2017 contaba con un total de 24 indicadores que fueron consensuados y elaborados por las propias CCAA. Los datos cuantitativos en los que se ha basado esta evaluación del PAPE muestran una mejoría del conjunto de los Servicios Públicos de Empleo, en el grado de consecución de los objetivos estructurales.
Desde Empleo indicaron que el índice de cumplimiento de estos objetivos ha mejorado ininterrumpidamente desde 2014, acumulando un incremento superior al 18%. En 2017, un total de trece comunidades superaron el valor medio en 2016. Entre los principales avances destacan que los colectivos de personas con mayores dificultades de acceso al empleo se redujeron durante más de un 14% en 2017.
