El expresidente de la ANC y último candidato a presidir a la Generalitat, Jordi Sànchez, empleó ayer su comparecencia ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que le había citado para comunicarle su procesamiento por rebelión, para reprochar al instructor su falta de objetividad en la redacción de su último auto. En él, el magistrado utilizaría el término “sufrimos” al hablar de las consecuencias del ‘procés’: “No se puede ser juez y víctima”.
A lo largo de este trámite procesal, Sànchez contestó únicamente a su abogado defensor para extenderse en sus reproches. Así, habría manifestado las dudas sobre la falta de imparcialidad mirando fijamente a los ojos del magistrado, para acusarle directamente de no actuar con independencia.
Al finalizar su intervención, Llarena le contestó que con respecto a estos temores su defensa puede recurrir ante la Sala de Apelaciones del Alto Tribunal, como ya ha hecho.
Sànchez también manifestó que considera que la causa abierta en el Supremo no es una causa individual contra determinadas personas sino una causa general contra una colectividad, la independentista.
Así lo explicaron su abogado, Jordi Pina, y las defensas del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que también comparecieron ante el juez que investiga el ‘procés’, al término de las declaraciones.
Según destacaron, los tres procesados por rebelión, y en el caso de Junqueras también por malversación de fondos públicos, tacharon este procedimiento de ser una “causa política”, según señaló el abogado del exvicepresidente catalán, Andreu Van den Eynden.
Así, fue Sànchez quien precisó que se están vulnerando los derechos políticos, como es su caso. El juez Llarena no sólo ha desestimado todas peticiones planteadas por su defensa para poder participar en campaña electoral o ir a la sesión de constitución del Parlament, así como su puesta en libertad, sino que tampoco le ha permitido acudir a la sesión de investidura en las dos ocasiones que ha sido candidato a presidir la Generalitat.
El exlíder de ANC ha interpuesto una queja ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU pidiendo que le ampare con respecto a garantizar sus derechos políticos y así se lo comunicó al juez en su último escrito pidiendo poder participar en la última sesión de investidura convocada para el pasado viernes.
Derechos parciales
No obstante, el magistrado le recordó al respecto en su último auto que dichos derechos son “parciales” debido a su situación de prisión y le contestó que la ONU dio unas recomendaciones que en ningún caso son vinculantes.
Fuentes cercanas a la defensa de Jordi Sànchez apuntaron que el procesado señaló que aunque el dictamen de la ONU no tiene carácter vinculante sí que debería tener valor.
En cuanto a la falta de imparcialidad en el proceso, el diputado de JxCat le recriminó al juez que en sus resoluciones demuestra que se considera víctima del proceso independentista, como ocurre en el auto de procesamiento del pasado 23 de marzo y después en auto de la semana pasada en el que le deniega el permiso para ir a la investidura.
El juez argumenta que el denominado ‘Libro Blanco’ prevé los distintos escenarios posibles para conseguir la independencia y concluye, en primera persona del plural, es un “relato de estrategia que sufrimos”, algo que ha servido a Sànchez para afear su actuación como instructor de la causa.
