La comunidad autónoma de Castilla y León contará con un censo de víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura a través de un convenio con el Centro Documental de la Memoria Histórica, con sede en Salamanca, al que se dirigió ya la Consejería de la Presidencia para poder celebrar una reunión este mismo mes para tratar de avanzar en este asunto concreto.
Esta es una de las principales novedades del ‘Decreto de la memoria histórica y democrática de Castilla y León’ aprobado ayer en el Consejo de Gobierno para regular la localización, exhumación e identificación de los restos de las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura además de las ayudas a las asociaciones para la recuperación de la memoria que antes de que termine el mes contarán con una Orden para una línea de ayudas por 100.000 euros.
Según detalló el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, este Decreto, que se inicia con la condena expresa de la dictadura franquista y de la represión, como se pidió desde algunos sectores que criticaron la falta del “apellido” franquista en esa condena, incluye también la realización de estudios para analizar la posibilidad de crear un Banco de ADN, una cuestión “complicada” ante la falta de homologación en los distintos organismos de la Comunidad y ante lo que se estudiarán “otras posibles opciones”.
Desde el punto de vista del reconocimiento y la memoria, se recoge que se elaborará un mapa de fosas y que se apoyarán los actos de reconocimiento y homenaje a las víctimas.
Otras de las novedades que incluye el Decreto hace referencia a la “educación en la verdad” que han reclamado las asociaciones para lo que en los contenidos dirigidos a alumnos de la ESO y de Bachillerato se incluirán los destinados a conocer la verdad de los hechos ocurridos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, con el ejemplo de las unidades didácticas que se han elaborado ya para divulgar el Diálogo Social.
Según reconoció una vez más el vicepresidente de la Junta, no se puede permitir que un país democrático como España no haya sabido cerrar un capítulo de su historia de hace ya 80 años, en el caso de la Guerra Civil, a lo que ha sumado el hecho de que todavía permanecen muertos en las cunetas.
“Algo hemos hecho mal todos”, admitió De Santiago-Juárez que, a preguntas de los periodistas, aclaró también que el Gobierno de Castilla y León no trata de cubrir ningún hueco a nivel estatal.
“La Junta hace lo que cree que debe hacer”, sentenció quien ha explicado que el Decreto cuenta con el apoyo del 99 por ciento de las asociaciones de víctimas de Castilla y León que han entendido que con esta norma y el paraguas de la Ley estatal se “avanza bastante” en todo lo relacionado con la recuperación de la memoria histórica, como comprometió a principios de esta Legislatura cuando, según recordó, recogió el guante lanzado por el procurador socialista Álvaro Lora.
Este Decreto regula el procedimiento de autorización de exhumaciones en función del procedimiento regulado en la normativa estatal e incluye las peculiaridades de Castilla y León para lo que un Consejo Técnico de carácter autonómico autorizará las actuaciones y será, además, el que compruebe que el proyecto presentado concuerda con lo que exige la norma del Estado.
Por último, recordó a los grupos parlamentarios que pueden proponer una proposición de ley sobre esta materia “cuando quieran” para defender la opción del Decreto que ha elegido la Junta.
