El candidato a presidir la Generalitat de Cataluña, Jordi Sànchez, pidió ayer al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga los hechos relacionados con el denominado ‘procés’, salir de la prisión para poder acudir este viernes al pleno de investidura del Parlament. La defensa del expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha registrado esta mañana un escrito de tres páginas pidiendo al magistrado del alto tribunal su excarcelación o un permiso penitenciario para acudir a la sesión convocada por el presidente del Parlament, Roger Torrent, para este viernes, a las 10.00 horas.
El juez Llarena ha procesado a Sànchez por los delitos de rebelión en el marco de la causa relacionada con el proceso soberanista y se encuentra en la prisión de Soto del Real, desde el 16 de octubre de 2017. Además, deberá comparecer ante el magistrado el próximo lunes, día 16 de abril, para que le comuniquen personalmente los delitos de los que se le acusa.
El abogado de Sànchez, Jordi Pina, reiteró los argumentos que ya expuso en el escrito presentado ante el juez del Supremo el pasado 26 de marzo, donde pidió que pusiese a su defendido en libertad para que pudiera acudir a la cámara parlamentaria, si finalmente era designado candidato.
El escrito registrado ayer recalca que ya es un candidato formal, por lo que pide al instructor que tome una decisión al respecto a la “mayor brevedad”. Asimismo, vuelve a recordar que el Comité de Derechos Humanos de la ONU acordó una serie de medidas cautelares para garantizar los derechos políticos de Sànchez.
En este sentido, el letrado solicitó a Llarena que, en base a esta resolución, acuerde la libertad provisional para facilitar al candidato de Junts per Catalunya (JxCat) su participación en el pleno de investidura.
En caso de que esto no sea así, pide que se le conceda a Sànchez permisos penitenciarios o que autorice su participación en la cámara parlamentaria “por medio de videoconferencia”. Sobre este último aspecto, el abogado asume que el Tribunal Constitucional excluyó esta posibilidad, pero hace hincapié en que esta resolución hace referencia a aquellos candidatos que se encuentran fugados de la justicia española, como es el caso del expresidente Carles Puigdemont.
“Nada impide aceptarla en el supuesto de quienes no pueden, por estar presos, acudir físicamente al Parlamento, ello sin perjuicio de que tal posibilidad sea posteriormente aceptada por la Presidencia del Parlament en el ejercicio de las competencias que le corresponden”, afirmó el abogado Jordi Pina.
Por otro lado, el abogado recordó que Sànchez interpuso una demanda ante dicho Comité por vulneración de sus derechos políticos, después de que el juez Llarena no le permitiese acudir al Parlament la primera vez que optó a la Presidencia, tan sólo hace un mes.
Reiteración delictiva
En esa ocasión, el magistrado del Tribunal Supremo denegó a Sànchez salir de prisión y acudir al pleno de investidura fijado entonces para el 12 de marzo al apreciar riesgo de reiteración delictiva. Señaló en su auto que hay otros candidatos “con el mismo número de apoyos” en los que no se aprecia el mismo riesgo.
Por su parte, el presidente del Parlament, Roger Torrent, dirigió este lunes un escrito al juez Pablo Llarena en el que le adjuntó, no sólo la convocatoria del pleno para el viernes 13 de abril, sino también la resolución del Comité de Derecho de Humanos de Naciones Unidas. En dicho documento, Torrent subraya que esta resolución del Comité del 23 de marzo es de obligado cumplimiento para “todos los poderes del Estado” y exige que se habiliten los mecanismo necesarios para que Sànchez se pueda someter al debate de investidura.
