El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, encargado de instruir el caso ‘Lezo’, ha librado 12 comisiones rogatorias para obtener información sobre las presuntas irregularidades cometidas en el reparto de comisiones derivadas de la compra de la empresa brasileña Emissao por parte del Canal Isabel II, según informaron fuentes jurídicas.
Las mismas fuentes señalaron que la ayuda se pidió a Bélgica, Reino Unido, Jersey, Guernsey, Liechtenstein, Luxemburgo, Suiza, Andorra, Panamá, Brasil, Colombia y República Dominicana.
El juez instructor solicitó información a hasta nueve países para rastrear las presuntas comisiones ilegales después de la compra de Emissao y el patrimonio del expresidente de la Comunidad de Madrid. Según se desprende de un informe de la Guardia Civil que obra en el sumario de la trama Lezo y al que tuvo acceso Europa Press, Pablo González, hermano del presunto cabecilla, explicó en calidad de investigado ante el juez instructor del caso que el expresidente de Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino le confesó el pasado mes de noviembre (estando ambos en prisión preventiva) la operativa ilícita por la que se repartieron comisiones que ascienden a cerca de cinco millones y medio de euros por la adquisición de la mercantil brasileña en 2013.
Estas cantidades se repartieron entre el expresidente regional, Rodríguez Sobrino y otras personas implicadas en la operativa por la que la empresa pública de aguas pagó 30 millones de dólares. Estos serían el exdelegado del gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro, el exgerente de Inassa Diego García Arias y el exdirector de otra filial del Canal Ramón Navarro, todos ellos investigados en la causa, según dijo el expresidente de Inassa.
Por otro lado, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 también requirió la cooperación internacional a otros cuatro países como Reino Unido y Bélgica para conocer el patrimonio del expresidente de Inassa y de su hija.
Comisiones ilícitas
Los investigadores encontraron parte de esas comisiones ilícitas, más de 260.000 euros escondidos en el apartamento que dispone Rodríguez Sobrino en Barranquilla (Colombia) a nombre de su hija, que está investigada por ayudar a su padre a blanquear dinero a través de un entramado societario.
Por último, también se solicitaron documentación sobre transferencias de alrededor un millón de euros que hizo el exconsejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones (ICM), dependiente de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás para averiguar si el PP madrileño se financiaba de forma irregular.
Al respecto, el juez que comenzó la investigación del caso Lezo, Eloy Velasco, apuntó en un auto que Martínez Nicolás “infló” contratos para conseguir un millón de euros que el propio Ignacio González, como secretario general del PP de Madrid, le pidió en 2012 para pagar las deudas derivadas de la campaña electoral de las elecciones autonómicas de un año antes.
El magistrado indicó que existían cuentas bancarias a nombre del exdirector de la agencia de informática en Liechtenstein, que contenían “más de 1 millón de euros de origen desconocido y ocultos al fisco” y que se detectaron transferencias de estas cuentas a otras dos radicadas en Panamá y Suiza correspondientes a Jesús Arranz Monje y María de los Ángeles Monje Gutiérrez, respectivamente, de un total de 1.075.103,95 euros.
