Las semillas y los plantones constituyen uno de los gastos más importantes de las explotaciones agrarias, con un volumen anual de unos 800 millones y que en los años precedentes ha llegado a los 956 millones de euros. Del conjunto de esos gastos, el grueso de los mismos, tanto en volumen como en facturación, corresponde al conjunto de las semillas para las producciones cerealistas, casi 6,5 millones de hectáreas de cultivo cada año, con unas necesidades superiores a las 700.000 toneladas.
Los granos de calidad han jugado un papel fundamental en el desarrollo de las producciones en el sector de los cereales, que son uno de los pilares de la actividad agraria. La semilla certificada, como señalan las empresas productoras, ha supuesto en las últimas décadas resultados positivos para el sector con un aumento generalizado de los rendimientos, por una adaptación de las mismas a las condiciones agronómicas de cada zona, con una oferta con unas condiciones adecuadas para soportar largos períodos de sequía, por una mayor resistencia a las plagas o por su capacidad para ofrecer producciones de diferentes calidades en función de los intereses de la demanda para consumo humano, animal o para utilizaciones industriales, aunque en ocasiones el agricultor haya salido escaldado si le han dado gato por liebre.
El desarrollo en la utilización de las semillas certificadas de calidad en los últimos años ha coincidido con el fuerte incremento del conjunto de los costes de producción de las explotaciones y donde, entre otros gastos, se hallaban los precios de este tipo de grano que tradicionalmente han sido considerados como caras para los agricultores, aunque luego se reconozcan sus beneficios.
Este panorama general se refleja en dos direcciones. Por un lado, en una caída en la demanda de semillas de calidad certificadas. Por otra parte, en el desarrollo de un importante mercado negro de productos sin el control necesario, a menos precio, así como sin el pago por las mismas de los correspondientes royalties o derechos por su utilización a las empresas productoras de las mismas.
El uso de semillas certificadas en el sector de los cereales ha pasado en la última década de 378.000 a solo 212.000 toneladas, hasta suponer la misma algo menos del 20% sobre el conjunto de las que se utilizan en este sector frente al 55% de Francia o más del 70% en Italia.
La caída más importante se registró en el trigo duro, donde en ese período se pasó de 216.000 a solo unas 46.000 toneladas, aunque, en este caso, también ha jugado en contra la reducción de las superficies de cultivo. En la cebada, el recorte fue inferior al bajar solo de 93.000 a 74.000, y en avena de 8.000 a 5.000.
Por el contrario, se ha registrado un incremento en las semillas para trigos blandos al subir de 60.000 a 73.000 toneladas y en centeno de 400 a 3.500.
Según los datos manejados por el sector en la actualidad, aproximadamente un 20% de lo que utiliza el sector son granos certificados procedentes de las empresas productoras, mientras que entre un 25% y un 30% se trata de semillas acondicionadas procedentes de otras utilizadas por los agricultores y donde las garantías sobre su calidad ya son menos fiables. El resto, ese 50%, no posee ninguna calificación.
En España han funcionado cerca de 40 empresas obtentoras de este tipo de productos integrados en la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (Anove), con una facturación anual en el entorno de los 500 millones de euros. Sobre ese volumen de ventas, aproximadamente destinan, según sus portavoces, unos 75 millones para los trabajos de investigación, para la obtención de nuevas variedades. Con la normativa en la mano, cuando una empresa obtiene y pone en el mercado una nueva variedad vegetal, tiene sobre la misma unos derechos de cobro por su utilización durante un período de 25 años si se trata de semillas y de 30 años si son plantones.
Sin embargo, frente a lo que obliga la normativa, el pago de esos derechos ha quedado reducido a una mínima expresión. Según los obtentores y los productores de semillas, se dejan de ingresar anualmente por ese concepto unos 12 millones de euros. Esa falta de retorno de sus derechos de obtención y producción ha hecho que en la actualidad se haya reducido el número de empresas obtentoras y que algunos grandes grupos hayan renunciado a desarrollar esos trabajos en España
Un agricultor que adquiera lícitamente a una empresa productora una semilla certificada puede utilizar la misma para la siguiente cosecha, pero tiene la obligación de seguir pagando un royalty a la compañía donde la adquirió y, obviamente, no puede venderla a otros trabajadores del campo.
La normativa actual, en base a lo que se llama el privilegio del trabajador, tiene el derecho a utilizar la misma para su propia explotación sin pagar nada si la cosecha no supera los 92.000 kilos que establece la ley. Los acondicionadores de grano y las plantas de selección están obligadas a llevar un riguroso control sobre toda la semilla que trabajen y la identificación de sus propietarios.
Además, también hay que destacar que el Seprona ha puesto en marcha una operación por la que puede abordar a cualquier agricultor en el campo y pedirle los papeles sobre la procedencia de sus semillas.
