El pleno de las Cortes aprobó ayer, con los votos del PP y en contra del PSOE, la Ley de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia de Castilla y León en la que se otorga carácter de derecho subjetivo exigible a las administraciones el acceso a estos servicios y prestaciones públicas. La procuradora popular Ángeles Armisén acusó a la oposición socialista de no apoyar esta ley, cuando desarrolla derechos recogidos en el Estatuto de Autonomía y avanza en el estado del bienestar, sólo por un interés electoral y para utilizar estos servicios como «batalla ideológica».
La norma avanza en el reconocimiento de servicios y prestaciones como derechos subjetivos de los ciudadanos que pueden reclamar ante las administraciones públicas e incluso ante los tribunales, destacó el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, en la presentación de la nueva ley en las Cortes. Así, subrayó que el concepto de asistencia social de hasta ahora pasa a ser un derecho para los ciudadanos, destacó el catalogo de derechos y deberes, la definición de un sistema que integra los públicos y privados y el Observatorio Estratégico de los Servicios Sociales.
El debate entre el socialista Fernando Rodero y la popular Ángeles Armisén, en la presentación de las 138 enmiendas vivas de las 269 presentadas por este grupo, giró sobre el concepto público de los derechos sociales, la presencia de un catalogo de servicios y la financiación. «Quieren un sistema rígido», aseveró la procuradora del PP, quien añadió que no existen diferencias de fondo entre ambos grupos.
Rodero defendió la actualización de una normativa que data de 1988, sostuvo que se abre la puerta a la privatización y no se crea un sistema público ni se recoge el catalogo de las prestaciones a las que tienen derecho los ciudadanos y olvida servicios a mayores, como la adaptación del transporte para ellos, o la promoción del lenguaje de signos.
Para Armisén, el debate sobre el carácter público y privado, aducido por Rodero, es «antiguo» y llevó la discusión, en presencia de distintos colectivos sentados en la tribuna de invitados, a la desmitificación de las enmiendas de los socialistas. Así, concluyó que la oposición y los argumentos responden a un «seguidismo» y a instrumentalizar esta ley por una «imagen ideológica».
Armisén enumeró una serie de comunidades, no gobernadas por el PP, en cuyas leyes no se recoge una participación de los gobiernos autonómicos, y subrayó que no es la Junta quien recorta servicios sociales, ya que ha aprobado tres proyectos de ley, sino el Gobierno. «El PSOE hace una oposición constructiva y, cuando gobierne, mejorará la ley», concluyó Rodero. «Apoyen una ley que avanza en los derechos sociales y no utilicen la ley para ganar en mayo», afirmó Ármisén.
