La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) “se ha visto inundada” por una cifra inédita de alegaciones presentadas contra el proyecto de la planta de residuos del río Voltoya, en Aldeanueva del Codonal. Según los datos recopilados por la Plataforma ‘Voltoya sin Mierda’, la cifra alcanza las 1.000 alegaciones, de entidades como la Mancomunidad del Río Eresma, los ayuntamientos de Santiuste de San Juan Bautista o Nava de la Asunción, numerosas asociaciones vecinales de la comarca, y vecinos afectados. “El dato viene a corroborar el gran rechazo y alarma social que produce en la comarca de Aldeanueva este proyecto, que la empresa promotora pretende llevar a cabo en una parcela inundable de la ribera del río Voltoya, en zona de policía también del arroyo Cercos”, explican.
La Plataforma recuerda que el proyecto ya se inició con “claras irregularidades de tramitación, como fueron las cometidas por el anterior alcalde de Aldeanueva, que en un ejercicio de despotismo cercano a lo delictivo, engañó a los vecinos firmando por decreto unos permisos que después de su inmediata dimisión ocultó con artimañas propias de otros conocidos casos de corrupción política”. También suman la concesión de los permisos reguladores, “emitiendo el consentimiento sin tener en cuenta la declaración de impacto ambiental, puesto que ésta se hizo con posterioridad, tratándose de un terreno declarado como suelo rústico de especial protección”, y “se hizo sin haber realizado un estudio hidrológico científico de la inundabilidad y permeabilidad de la parcela”.
‘Voltoya sin Mierda’ asegura que el proyecto tiene ya “tintes de entramado digno de investigación”. “Estos nuevos interesados (propietarios) representan una una industria que debe gestionar multitud de nocivos y peligrosos residuos, aunque no debería hacerse nunca en una planta de residuos de origen animal no peligrosos”, apuntan.
También subrayan que en la oposición a la planta trabajan personas y representantes políticos de todos signo. “Todos ellos han argumentado, entre otros motivos, el evidente riesgo de contaminación de aguas y aérea, el perjuicio para la industria agroalimentaria de la comarca, especialmente a los viñedos de los que viven muchas familias y a los parajes de la ermita del Pinarejo y el pinar de las Ordas, entre otros”, señalan.
Sobre todo destacan las motivaciones de la Mancomunidad del Río Eresma, responsable del azud de Coca y representante de más de 30.000 personas afectadas, en su carta de rechazo, en las que insiste que la Ley de Urbanismo de Castilla y León dispone que “en áreas amenazadas por riesgos naturales o tecnológicos, tales como inundación (…), no se permitirá ninguna construcción, instalación ni cualquier otro uso del suelo que resulte incompatible con tales riesgos”.
Otros colectivos, como Ecologistas en Acción de Segovia o la Red Ambientalista de Segovia también rechazan la planta, por tratarse de una zona de alto valor ecológico, de expansión de la cigüeña negra o de una especie protegida como es la nutria salvaje, o grullas y cormoranes, entre otras aves.
